Entidades repudian propuestas para reducir la mayoría de edad penal

La reducción de la mayoría de edad penal –uno de los más temas más discutidos en la disputa electoral de este año–, fue repudiada por 104 organizaciones que conforman la Red Nacional de Defensa de Los Adolescentes en Conflicto con la Ley (RENADE).

Por medio de un manifiesto público, las entidades consideran la idea “un retroceso para los derechos humanos de niños y adolescentes”, puesto que la Constitución establece en 18 años la mayoría de edad penal.

Varios candidatos en los distintos niveles de la disputa electoral defendieron la reducción de la mayoría de edad penal en respuesta a la sensación de impunidad para delitos cometidos por niños y adolescentes. Tras los resultados de las elecciones, una encuesta llevada a cabo por la Unión Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), señala que, debido a la composición “más conservadora” del Congreso Nacional, a partir de 2015, el debate sobre el tema será una de los ejes centrales de la próxima legislatura (2015-2019).

Para las entidades, sin embargo, se trata de una discusión inocua, que aleja el país de las directrices del Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) y del Sistema de Atención Socioeducativa (SINASE). "Resulta que, al establecer una relación superficial entre justicia social y seguridad pública, los candidatos parecen ignorar la realidad cotidiana del Sistema de Justicia Juvenil en Brasil”, afirma un extracto del manifiesto.

Las propuestas relacionadas con la reducción de la delincuencia juvenil, según el documento, deberían tener como propósito “garantizar efectivamente la implantación y la aplicación del ECA y del SINASE en todo el territorio nacional, lo que permitiría tratar de soluciones que implican la reducción de la violencia y de la criminalidad".

De acuerdo con los datos que dio a conocer RENADE, en 2011, de las 22 077 infracciones cometidas por menores de edad en el país, el 2,9% de ellas correspondían a delitos considerados atroces –como violación y robo–, mientras el 72% se trataban de infracciones análogas a delitos contra el patrimonio y narcotráfico.

El ECA estipula que los niños menores de 18 años sean castigados con medidas socioeducativas una vez que se compruebe la comisión del acto delictivo por la autoridad competente. Entre las medidas previstas están la advertencia; la obligación de reparar el daño; la prestación de servicios a la comunidad y el ingreso a un establecimiento educativo;

"Desafortunadamente, se puede constatar que cuando se flexibilizan las garantías que protegen a esos adolescentes vulnerables bajo el argumento de que cometen delitos muy graves, los candidatos solo sacian el antojo correccional que exige, irracionalmente, el aislamiento de esos sujetos”, declara el manifiesto.

Traducción: Lucas Magdiel