Solicitada indemnización por genocidio de etnia indígena en la Amazonia

El Ministerio Público Federal en el estado de Amazonas solicitó indemnización de cerca de US$ 16 millones y un pedido de disculpas de la Unión por el exterminio de indígenas Waimiri-Atroari durante el gobierno militar (1964-1985).

La matanza habría ocurrido durante la construcción de la carretera BR-174, que enfrentó resistencia de la etnia ocupante de la tierra en la región. La vía une las ciudades de Manaos, en Amazonas, y Boa Vista, en el estado de Roraima, en el extremo norte del país.

La acción se basa en una investigación conducida por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), instituida en 2012 con el objetivo de aclarar graves violaciones de Derechos Humanos entre el 18 de septiembre de 1946 y el 5 de octubre de 1988. La CNV constató que, en la década de 1970, había 3 mil indígenas viviendo en la tierra. En la década siguiente, la etnia registraba solo 332 individuos.

El Ministerio sostiene que el conjunto de pruebas presentadas ante la justicia “demuestra que el Estado brasileño promovió acciones basadas en las políticas de contacto y de ataques directos a los indígenas, que causaron la reducción demográfica del pueblo Waimiri-Atroari a gran escala”.

La acción requiere también que se incluya, en el contenido programático de la enseñanza media y fundamental, el estudio de las violaciones de los derechos humanos contra pueblos indígenas durante la dictadura militar, con destaque al genocidio del pueblo Waimiri-Atroari, que se autodenomina como pueblo Kinja.

Los fiscales adjuntaron a la acción un oficio enviado entre comandantes militares, donde hay órdenes para realizar, ante los indios, “pequeñas demostraciones de fuerza, para mostrar los efectos de una ráfaga de ametralladora, de granadas defensivas y de la destrucción por el uso de la dinamita”. También hay testimonios que relatan cuerpos siendo enterrados a los márgenes de la carretera y ataques aéreos a las aldeas.

El Ministerio Público escribe en la acción que “el Estado brasileño patrocinó la invasión del territorio indígena y la reducción de la población Kinja, no midiendo esfuerzos para realizar el genocidio de la etnia”. Y añade que había “por lo menos desde 1974 una acción genocida del Estado brasileño, con ataques violentos por bombas, tiros, y con torturas”, afirman los fiscales.

La acción civil pública está firmada por el fiscal de la República Julio Araujo, coordinador del grupo Pueblos Indígenas y Régimen Militar, y otros cinco fiscales.

Exterminio

El Ministerio apunta la existencia de dos visiones del Estado brasileño sobre los pueblos indígenas: la de la "pacificación", en la que el contacto produce una convivencia armoniosa, y la del “exterminio”. “Los indígenas eran vistos como un obstáculo al desarrollo nacional, cabiendo a los llamados frentes de atracción promover el desplazamiento forzado de sus territorios, alejándolos de los emprendimientos que se realizarían”, afirma un fragmento de la acción.

En el caso de la BR-174, el Ministerio dice que la “pacificación” fue insuficiente porque la obra necesitaba ser finalizada y había fuerte resistencia indígena. El agravamiento de las tensiones habría resultado en la segunda política: la de exterminio.

Traducción: Leonardo Vieira