Brasil investiga la colaboración de Volkswagen con la dictadura

El Ministerio Público Federal brasileño conduce una investigación inédita en el país sobre la empresa Volkswagen, por presunta colaboración con el régimen militar (1964-1985) y episodios de violaciones de derechos humanos.

Según el fiscal responsable del caso, Pedro Machado, las investigaciones anteriores trataban de acciones de agentes del Estado –o del propio Estado– y no de personas jurídicas de derecho privado. En ese sentido, Machado afirma que el caso es paradigmático para la Justicia brasileña en el tema de la memoria y de la verdad.

“Es un tema difícil. Implica una evaluación jurídica más cautelosa. Hay una cuestión que tenemos que afrontar: la prescripción. Hay una jurisprudencia en el Superior Tribunal de Justicia considerando la imprescriptibilidad ante el Estado. Pero ante una persona jurídica de derecho privado, no hay precedente. No hay otro caso. Así que no sabemos cómo lo tratará la justicia”, dijo el fiscal.

En su defensa, Volkswagen presentó un informe divulgando los resultados de una investigación interna hecha por el historiador alemán Christopher Kooper, a pedido de la matriz. La empresa, apoyada en el documento, dice que no hay responsabilidad institucional debido a la ausencia de prueba documental que muestre una colaboración formal.

Los documentos enviados por el Departamento de Seguridad Industrial de la empresa a la policía política en el período de la dictadura militar serían, por lo tanto, una iniciativa personal del jefe del sector, el oficial jubilado Ademar Rudge.

Colaboración

La investigación civil acerca de Volkswagen en el Ministerio Público se inició tras una solicitud firmada por centrales sindicales brasileñas, sindicatos y extrabajadores de la empresa, en septiembre de 2015.

La petición se hizo con base en las conclusiones de la Comisión Nacional de la Verdad, grupo instituido en el parlamento brasileño para investigar crímenes de la dictadura. Según la comisión, el análisis del caso apunta a la colaboración de la empresa con la represión y casos de discriminación de trabajadores que actuaban en sindicatos.

Otro informe sobre el tema fue elaborado por Guaracy Mingardi, perito contratado por el Ministerio Público. Tras acceder a los archivos del Departamento de Orden Político y Social del Estado de São Paulo, Mingardi identificó, por ejemplo, comunicaciones realizadas por el sector de Seguridad Industrial de la empresa en la época.

Entre las conductas investigadas están, por ejemplo, permitir la detención de funcionarios dentro de sus unidades; perseguir a trabajadores por actuación política y sindical, creando “listas negras” para impedir la contratación de esos profesionales; producir informaciones para remisión a los órganos de represión; colaborar financieramente con el régimen y permitir prácticas de tortura en la sede de la automotriz.

El procurador Pedro Machado informó que nuevas investigaciones, incluso con colaboración del Ministerio Público de Alemania, fueron solicitadas al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. Según Machado, si no hay acuerdo durante la investigación, se evaluará la medida judicial adecuada con base en esos datos.

Traducción: Leonardo Vieira