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Juez de la Corte Suprema abre nueva investigación contra Temer

  • 12/09/2017 19h48publicação
  • Brasilialocalização
André Richter – Reportera de Agência Brasil

Brasília - Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber em sessão do STF para definir a tese de repercussão nas ações que tratam da desaposentação (José Cruz/Agência Brasil)

El ministro juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto BarrosoJosé Cruz/Agência Brasil

El ministro juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso decidió este martes (12) abrir una investigación contra el presidente Michel Temer por supuestos delitos de corrupción activa y pasiva y lavado de dinero. También serán investigados el exdiputado federal Rodrigo Rocha Loures y otros dos empresarios.

La investigación fue solicitada por el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ante sospechas de que los implicados recibieron ventajas indebidas para favorecer la empresa Rodrimar mediante la emisión del llamado Decreto de los Puertos. Para Janot, el decreto “atendió, al menos en parte, las exigencias” de Rocha Loures en favor de Rodrimar.

Con la decisión del magistrado, también serán investigados los empresarios Ricardo Conrado Mesquita y Antônio Celso Grecco, ambos vinculados a la referida empresa.

En una nota, Rodrimar dice que nunca recibió ningún privilegio del Poder Público en sus 74 años de historia y que el “decreto de los puertos” atendió a una reivindicación de todo el sector brasileño de terminales portuarias. “Se resalta que no fue una reivindicación de Rodrimar, sino de todo el sector. Los pedidos, sin embargo, no fueron totalmente contemplados en el decreto, que abrió la posibilidad de regularizar la situación de cerca de un centenar de concesiones en todo el país.”

Por la noche, también en nota, la Presidencia de la República explicó que el decreto que regula la explotación de puertos fue debatido por un grupo de trabajo involucrado directamente en la discusión técnica del sector y que Michel Temer no tuvo interferencia en el debate, tampoco ejerció cualquier presión política que influyera en el proceso.

Según la nota de la Presidencia, el grupo estaba constituido por más de 25 personas, pertenecientes al Ministerio de Transportes, a empresas da la administración pública indirecta y a cuatro asociaciones del sector, y que realizaron “cerca de 30 reuniones acompañadas por la Abogacía General de la Unión y la Contraloría del Ministerio de Transportes”.

De acuerdo con el comunicado, los documentos producidos a lo largo de 90 días de trabajo son públicos, y más de 60 empresas tuvieron sus procesos de licitación prorrogados.

Traducción: Lucas Magdiel

Reeditado en la mañana del miércoles (13) para inclusión de informaciones proporcionadas por la Presidencia de la República y la empresa Rodrimar.

Edición: Fernando Fraga/Olga Bardawil