Líder comunitario que denunciaba crímenes ambientales es muerto en Pará

El líder comunitario Paulo Sérgio Almeida Nacimento, de 47 años, fue muerto a balazos en la madrugada del lunes (12), en la zona rural de Barcarena, en la región metropolitana de Belén, capital de Pará (norte). Nascimento era miembro de una asociación de pueblos indígenas, comunidades formadas por descendientes de esclavos y personas de ascendencia indígena mixta, y era conocido por sacar a la luz crímenes ambientales en la región.

Se sabe que la víctima recibió los disparos de un hombre aún no identificado, unas horas después de volver a su casa en el distrito de Vila dos Cabanos, ocupada por miembros del movimiento sin tierra. Los testigos afirman que le dispararon alrededor de las 3h30, después de que se levantara para ir al baño, construido fuera de su casa de madera. El perpetrador se fugó hacia un bosque cercano.

El asesinato está siendo investigado por la policía local, con la ayuda de la división de homicidios de la capital. Ocho de los conocidos más cercanos de Nascimento serán escuchados. Ayer, agentes fueron a la escena y hablaron con personas que vivían en contacto con Nascimento o estuvieron presentes en sus últimas horas para tratar de seguir sus pasos y averiguar qué sucedió.

Nascimento y otros miembros de la asociación cuestionaban las operaciones llevadas a cabo por compañías como la minera noruega Hydro AluNorte, cuyos residuos tóxicos contaminaron ríos cercanos el mes pasado.

En una nota, fiscales de Pará confirmaron que en enero de este año miembros de la asociación comunitaria denunciaron que agentes de la policía militar los estaban amenazando. Después de la denuncia, la Fiscalía de Justicia Militar solicitó a las autoridades del estado que adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las personas amenazadas estuvieran a salvo.

El secretario de Estado de Seguridad Pública, Luiz Fernandes Rocha, dijo que la solicitud del fiscal Armando Brasil incluía proteger a algunos de los líderes comunitarios en Barcarena que afirmaban que sus viviendas habían sido invadidas por la policía militar.

Rocha afirma que le dijo al fiscal que las solicitudes de protección en nombre de los amenazados deberían haber sido presentadas a otro órgano, la Secretaría de Estado de Justicia y Derechos Humanos, encargada de enviar su caso al Consejo del Programa del Estado para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. Rocha afirma que tal solicitud nunca llegó a la secretaría.

La policía militar ya inició una investigación sobre las afirmaciones de que los agentes militares amenazaron a los líderes de la comunidad e invadieron sus hogares.

En una nota, Hydro AluNorte dijo que condena cualquier acto violento y negó cualquier vínculo entre sus operaciones y los actos cometidos contra la población, las comunidades locales y sus líderes.

*Con la colaboración de Renata Martins, reportera de Radio Nacional

Traducción: Lucas Magdiel