Brasil lleva un promedio de 4 años para promulgar acuerdos con otros países

Casi 1.600 días (más de 4 años) separan la foto oficial de acuerdos internacionales firmados por el gobierno brasileño y la entrada en vigor de las nuevas reglas en el derecho interno. Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), ese intervalo burocrático impide que el sector productivo se beneficie rápidamente de acuerdos de libre comercio, lo que impulsaría las inversiones y la entrada en vigor de tratados para poner fin a la doble imposición.

Si el periodo exigido por la burocracia estatal para la tramitación de los procesos fuera reducido, eso implicaría otro beneficio deseado por los empresarios: una disminución significativa de tributos sobre la transferencia de brasileños para ocupar puestos de trabajo en el exterior. Por el sistema actual, sobre la transferencia de cualquier trabajador brasileño al exterior inciden impuestos incluso sobre los precios de los pasajes aéreos.

La CNI identificó la tramitación de 27 acuerdos internacionales firmados por Brasil entre 2003 y 2017 que, en la opinión de los empresarios, son esenciales para la competitividad de la economía brasileña. De esos, solo 18 fueron promulgados hasta ahora. Los otros nueve pasaron por el Congreso y están a la espera del decreto presidencial, lo que lleva en promedio un año.

“El Ejecutivo gasta mucho tiempo con procedimientos burocráticos. Solo el Legislativo puede deliberar si aprueba o no un texto”, explica el director de Desarrollo Industrial de la CNI, Carlos Abijaodi.

De acuerdo con la CNI, después de firmado el acuerdo es enviado al Ejecutivo y pasa cerca de un año dando vueltas por los ministerios para que los involucrados estén al tanto de su contenido. En una segunda etapa, la Casa Civil envía un mensaje al Congreso, donde pasa un promedio de 808 días bajo análisis. Una vez aprobado, el decreto legislativo vuelve al Ejecutivo, donde pasa otro año hasta ser promulgado.

Según Abijaodi, es prácticamente imposible seguir la tramitación de los acuerdos en el Ejecutivo, pues a diferencia de lo que ocurre en el Legislativo y en el Judicial, no hay procesos de seguimiento en línea. “Hay poca transparencia. A veces nos informan que se encuentra en un ministerio, pero está parado hace más de un mes”, dice el director.

El camino que recorren los acuerdos brasileños dentro de la burocracia gubernamental es aún más largo cuando existe un plazo para que sean implantados tras su entrada en vigor. Un ejemplo es el del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a ser negociado en 1995. Si es firmado en diciembre de 2017, entrará en vigor en 2022. Si se suma el plazo de 10 años para desgravación –reducción del impuesto de importación–, sus efectos solo se dejarán sentir en 2032.

Socios de Brasil

Entre los socios de Brasil en el Mercosur, el trámite es más ágil. El Acuerdo Preferencial de Comercio Mercosur-India, firmado el 19 de marzo de 2005, fue aprobado por el Parlamento de Paraguay el 11 de noviembre del mismo año. En Brasil, el Ejecutivo solo envió el mensaje al Congreso en octubre de aquel año. El decreto legislativo fue publicado el 4 de septiembre de 2008 y el decreto presidencial solo fue firmado el 1 de junio de 2009.

Hay asimismo casos extremos como el del Acuerdo Preferencial de Comercio Mercosur-SACU que llevó siete años y un mes para entrar en vigor. Los presidentes de los dos bloques firmaron el acuerdo el 3 de abril de 2009. El gobierno de Uruguay, por ejemplo, promulgó el acuerdo el 30 de septiembre de 2011. En Brasil, la Casa Civil solo envió el mensaje al Congreso más de un año después, el 14 de abril de 2010. El Congreso aprobó el texto, pero la cancillería identificó, tras su aprobación, más de dos centenas de errores en la traducción del inglés al portugués. El documento volvió al Congreso y solo fue incorporado el 4 de abril de 2016.

El acuerdo para evitar la doble imposición (ADT) entre Brasil y Rusia llevó 12 años y 11 meses para ser promulgado. El Congreso también tuvo que analizarlo dos veces, pues el Ejecutivo envió el documento incompleto. El ADT entre Brasil y Venezuela tardó nueve años y 11 meses en ser aprobado.

Traducción: Lucas Magdiel