Brasil modifica normas para deportación de extranjeros

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil publicó este lunes (14) nuevas normas para la deportación y repatriación de extranjeros considerados peligrosos, también aplicables a las personas que hayan cometido actos "contrarios a los principios y objetivos establecidos en la Constitución brasileña".

Las personas consideradas peligrosas son las sospechosas de estar involucradas en el terrorismo; los grupos delictivos organizados, las asociaciones delictivas armadas o con armas a su disposición; el tráfico de drogas, personas o armas; la pornografía y la explotación sexual de menores; y las hinchadas de fútbol con antecedentes de violencia en los estadios.

Las nuevas normas incluyen el derecho a un juicio justo y a la seguridad jurídica, con la observancia de todos los procedimientos y términos de la ley. Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del plazo para que las personas obligadas a abandonar el país puedan apelar contra una resolución, de 48 horas después de que se haya emitido la notificación a cinco días.

Según el ministerio, las nuevas normas garantizan los principios de la amplia defensa y la seguridad jurídica, con la observancia de todos los procedimientos y plazos previstos por la ley. Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del plazo para que las personas obligadas a abandonar el país puedan apelar la decisión administrativa. El plazo que antes era de 48 horas (dos días a partir de la notificación) pasa a ser de cinco días para que el interesado se defienda.

Se mantiene la autorización jurídica para que las autoridades brasileñas utilicen información de agencias de inteligencia nacionales o extranjeras, pero esos datos no deben ser utilizados para restringir la entrada o permanencia en territorio brasileño de personas provenientes de países cuyos gobiernos persiguen a sus ciudadanos. Además, las autoridades deben hacer públicas todas las justificaciones para la deportación.

La nueva norma mantiene el principio según el cual nadie puede ser expulsado del país, repatriado o deportado por motivos de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social específico o expresar una opinión política determinada. Estas garantías se aplican también a las personas que se enfrentan a la persecución en su país por haber cometido un delito puramente político o haber expresado una opinión política.