Brasil se enfrenta a la necesidad de asegurar distribución de tierra

La distribución de tierras en Brasil sigue sin solución y es más compleja que en la crisis registrada hace algunas décadas, según la opinión de los movimientos sociales y expertos entrevistados por Agência Brasil. Datos del Censo Agropecuario del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2006 muestran el alto grado de concentración de la tierra en el país. En aquella época, había 15.012 establecimientos con más de 2,5 mil hectáreas, que totalizaban 98.480 millones de hectáreas de tierra.

Además de un reto, la reforma agraria es una obligación constitucional que debe ser llevada a cabo por todos los gobiernos, así como las políticas de salud y educación, destaca el profesor de la Universidad de São Paulo (USP) Ariovaldo Umbelino. Según el profesor, “la reforma agraria es un instrumento de política pública para que la tierra cumpla su función social y el ingreso se distribuya de manera más equitativa en la sociedad brasileña”.

Umbelino cree que la distribución de tierras es también clave para acabar con el conflicto. “La barbarie vivida en el campo brasileño es la mejor evidencia de la necesidad urgente de hacerse, en el país, una reforma agraria de hecho.” En los últimos 15 años, según el experto, 524 personas fueron asesinadas en el campo y se registraron 19.548 conflictos involucrando a 10,5 millones de habitantes.

El agronegocio contra los pequeños agricultores

Además de los desafíos históricos, se añadieron nuevos componentes a este problema, como el desarrollo del agronegocio, que modificó la organización del sector agrícola. “El agronegocio es totalmente dependiente de grandes extensiones de tierra. Así que el mantenimiento del latifundismo y su avance hacia zonas cimarrones, indígenas, amazónicas, de protección y unidades de conservación es parte de la lógica del agronegocio”, explica Diego Moreira, miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

El MST estima que más de 200 mil personas viven actualmente en campamentos y sufren con la falta de atención y la lona negra como techo. Sin embargo, según Moreira, el modelo clásico de reforma agraria está superado. "La lógica del mercado y de la apropiación de la tierra ha dominado el campo brasileño”, lo que, a su juicio, ha formado un bloqueo económico y político que impide reformas.

El MST defiende lo que llama de reforma agraria popular, que consiste en tres elementos básicos: la expropiación de la tierra, la preservación del medio ambiente y la producción de alimentos sanos y de calidad. Según Moreira, hay más de 5 millones de campesinos en la ciudad que quieren producir alimentos y vivir de la agricultura. Esto podría diversificar la producción, garantizar una alimentación saludable y también fijar las familias en la zona rural.

El sociólogo y profesor de la Universidad de Brasilia Sérgio Sauer, quien ha actuado en los últimos cuatro años como uno de los relatores de la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Plataforma Dhesca), señala que, para mantener a las familias en el campo, es necesario garantizar el acceso universal a los programas de crédito. Según él, actualmente más de dos tercios de los agricultores familiares no son servidos por las líneas de crédito.

“El reto de un nuevo gobierno sería, al mismo tiempo, generar dividendos que no se basen solo en la producción y exportación de productos primarios, disminuir los precios de la tierra y promover políticas más estructurantes para las zonas rurales”, dice Sauer. El profesor añade que estas políticas deben buscar mejores condiciones generales de vida en estos territorios, como el acceso a la educación, electricidad e internet.

La defensa del medio ambiente y la actividad agrícola

Desde un punto de vista ambiental, Sauer aboga por la conciliación entre el conservacionismo y la permanencia de pueblos que ocupan hace años determinados territorios, y ejemplifica: “Algunas poblaciones están amenazadas de desplazamiento, precisamente a causa de la creación de unidades de protección integral”. Por otra parte, es necesario asegurar la fiscalización para que territorios tradicionales y unidades de conservación estén protegidos.

Las empresas del sector, a su vez, quieren más áreas para expansión de actividades. La Asociación Brasileña del Agronegocio (ABAG), con base en las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dice que el país tendrá que aumentar en un 40% el suministro de alimentos hasta mediados de este siglo. Para ello, sostiene que sería necesario ampliar el espacio para la agricultura y regular las propriedades rurales, sobre todo en la región Norte.

La Asociación también afirma que la calificación de la mano de obra y la planificación son otros dos temas importantes para el sector. “Tenemos que utilizar los instrumentos modernos de satélites e informática para dar mayor previsibilidad al crecimiento de la agropecuaria: cómo y dónde creceremos”, dice una nota enviada a la Agência Brasil.

Además de la propiedad de la tierra, la producción de alimentos sanos también debe ser vista como un reto para la resolución del problema agrario, según la Articulación Nacional de Agroecología (ANA). Para la entidad, esta producción trae beneficios no solo a la mesa de los ciudadanos como a la soberanía del país, ya que gran parte de las semillas utilizadas en la agricultura hoy en día es producida por empresas multinacionales que las modifican genéticamente. Por lo tanto, las semillas naturales –llamadas “criollas”– tienen cada vez menos espacio y más dificultad de crecer, ya que están en un escenario marcado por los productos químicos.

“La producción está concentrada en pocos commodities [productos agrícolas comercializados en el mercado internacional] y la producción de diversos alimentos viene disminuyendo en el país”, dice el secretario ejecutivo de la Articulación, Dênis Monteiro.

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro, Brasil importa alimentos básicos como el trigo y el arroz, mientras que es el mayor exportador de soja del mundo. En total, el complejo de la soja representa el 41% del total de exportaciones del agronegocio, según datos oficiales. En el segundo lugar de la lista de las exportaciones viene la carne, especialmente de pollo, seguida por el azúcar y el alcohol.

Monteiro señala que, además de que los granos no son suficientes para que la población tenga una dieta variada, el uso a gran escala de plaguicidas en la cadena de producción es otro problema. En los últimos cinco años, Brasil ha ocupado el primer lugar en el ranking del uso de plaguicidas, según la Campaña Permanente Contra los Plaguicidas y por la Vida, compuesta por diversos investigadores y organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, los movimientos abogan por la expansión del Programa Nacional de Reducción de Uso de Plaguicidas, cuya creación fue aprobada en agosto por la Comisión Nacional de Agroecología y Producción Orgánica.

La ABAG rechaza las críticas formuladas por los movimientos sociales y argumenta que el desarrollo del agronegocio siguió “parámetros dictados por la ciencia y las investigaciones”. “El Brasil tropical tiene calor y humedad, ambiente propicio para la propagación de microorganismos y patógenos. El control de plagas y enfermedades es crucial para producir  con competitividad, de tal manera que, como a los seres humanos, los medicamentos son fundamentales también a las plantas.”

Según los movimientos sociales, la lógica de la producción basada en grandes empresas no es la única posible ni la más sostenible. “La agricultura familiar y las poblaciones tradicionales son capaces de cumplir con este desafío de producir alimentos sanos”, argumenta el secretario de la ANA. Según él, son necesarias inversiones en políticas consistentes con esta finalidad. “No es lo que sucede. El Estado brasileño es muy eficiente para apoyar el gran agronegocio exportador, pero es demasiado lento para apoyar la agricultura familiar”, dice Dênis Monteiro.

Monteiro recuerda que el reto de democratizar el acceso a la tierra en Brasil no es nuevo. Su origen podría estar en la llamada Ley de Tierras, de 1850, que les quitó a los inmigrantes y exesclavos la posibilidad de acceso a ellas; o en la colonización del país, basada en la distribución de grandes propiedades de tierra.

Traducción: Leonardo Vieira