Defensa de Rousseff niega actos ilegales señalados en solicitud de impeachment

Al presentar la defensa de la presidenta Dilma Rousseff ante la Comisión Especial del impeachment en el Senado, el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, buscó centrarse en los datos técnicos y fiscales que sirvieron de base para la denuncia.

Una de las acusaciones que se presentan contra el gobierno es que este aumentó gastos mediante la emisión de decretos de complementación presupuestaria sin la autorización del Congreso.

Barbosa detalló que todos los seis decretos complementarios mencionados en la solicitud de impeachment, por un total de US$ 27,4 mil millones, se basaron en la reasignación de fondos, exceso de recaudación o superávit financiero.

El ministro de Hacienda clarificó que ese tipo de documento no tiene numeración porque no tiene carácter normativo, y que la medida empezó a adoptarse en 2002, durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso. Aún así, recordó que esos decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión. “No son secretos”, enfatizó.

Explicó asimismo que los créditos adicionales no crean nuevos gastos, solo los reorganizan de acuerdo con los ingresos.

Reafirmó que el gobierno Rousseff creó un gran fondo de contingencias y había aumentado el recorte de gastos en el mismo mes en que se emitieron los decretos. “El presupuesto es una autorización que determina cuándo y dónde el gobierno puede gastar. Es una previsión de ingresos”. Por esa razón, dijo, el gobierno reasigna fondos a lo largo del año, de modo que el límite financiero coincida con la meta fiscal.

“Esos decretos suplementarios no autorizaron, en ningún momento, aumentar los gastos financieros”, agregó.

Señaló que el Congreso aprobó legalmente la revisión de la meta fiscal. ¿Dónde están las irregularidades? Se cumplió la meta fiscal. Ustedes la cambiaron y la meta se cumplió”, recordó.

El ministro de Hacienda concluyó su exposición descalificando los argumentos ofrecidos en la solicitud de juicio político. “Me parece que no hay ningún fundamento jurídico para destituir a la presidenta de la República”, dijo, agregando que los puntos planteados contra la mandataria fueron cuestionados, contestados y solucionados en el 2015”.

Maniobras fiscales

La solicitud de impeachment considera maniobras fiscales los retrasos gubernamentales en las transferencias a bancos públicos referentes al pago de beneficios de programas sociales como el Bolsa Familia, el seguro de desempleo y la bonificación salarial. Con el retraso, dicen los críticos, las cuentas de gobierno presentaban gastos menores hasta que el Tesoro transfiriera los fondos a los bancos estatales. La defensa de Rousseff niega los actos ilegales señalados en la petición.

Para Barbosa, no ha habido ningún acto de la presidenta. Además, negó que se hayan producido retrasos. Para él, se trata de un balance que se hace, por ejemplo, cuando se pone un recurso a disposición de un agricultor a una tasa de un 6% pero se paga un 8% a los bancos que aportan el crédito. Esa diferencia es financiada por el gobierno. Barbosa recalcó que esa subvención es aprobada por el Congreso Nacional y autorizada y reglamentada por el Consejo Monetario Nacional y el Ministerio de Hacienda. “No es un acto de la presidenta”, afirmó.

Traducción: Lucas Magdiel