Primer día del juicio de Rousseff tuvo clima de confrontación política

El primer día del juicio político de la presidenta apartada, Dilma Rousseff, dirigido por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, duró más de 15 horas y se caracterizó por el enfrentamiento entre los que defienden la permanencia de Rousseff en el cargo y sus oponentes.

Al final de la sesión, el senador Renan Calheiros dijo a la prensa que el primer día fue “largo, aburrido y agotador”. “El primer día es siempre más tenso, agitado. Hay más conflictos en los puntos de vista de las partes”, dijo.

Discusión

Uno de los momentos más tensos hizo que el ministro Ricardo Lewandowski suspendiera la sesión durante unos minutos para tratar de restablecer el orden. La confusión empezó cuando la senadora Gleisi Hoffman dijo que ningún senador tenía condiciones morales para juzgar la destitución definitiva de Dilma Rousseff.

“Aquí no hay nadie en condiciones de juzgar a nadie. ¿Cuál es la moral del Senado para juzgar a una presidenta de la República?”, dijo ella, visiblemente exaltada. La declaración fue interrumpida por la manifestación indignada de otros senadores lejos del micrófono, como Ronaldo Caiado, a quien Hoffman respondió acusándole de ser “del trabajo esclavo”.

Como la discusión se prolongó e involucró a otros senadores, el procurador Júlio Marcelo de Oliveira solo empezó a declarar después de la pausa para el almuerzo.

Acusación

Júlio Marcelo de Oliveira es el autor del dictamen que rechazó las cuentas del gobierno de Dilma Rousseff en 2014. Él debería declarar como testigo de acusación, pero fue escuchado como informante por decisión del ministro Ricardo Lewandowski, quien le consideró bajo sospecha después de que el abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, le acusó de haber adecuado su interpretación en dictámenes del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para favorecer la condenación de la presidenta. El procurador negó, afirmando que fue una opción del Tribunal adoptar el criterio “menos benévolo”. Oliveira reiteró que hubo delito de responsabilidad en 2014 y también en 2015.

José Eduardo Cardozo, a su vez, citó dictámenes de varios expertos con opiniones contrarias a la del procurador sobre los decretos de presupuesto suplementario y la operación entre el Tesoro y el Banco do Brasil respecto al Plan Cosecha –crédito subvencionado a agricultores familiares–, que Júlio Marcelo Oliveira considera ser una operación de crédito prohibida por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y la defensa de Rousseff afirma haber sido solo un incumplimiento por parte del gobierno.

“Vuestra Excelencia puede reconocer que hay una discusión interpretativa y dos tesis que se ponen para la interpretación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿O dirá que los demás no saben nada y solo VE sabe la verdad? ¿Hay o no dudas en cuanto a la interpretación de esa ley?” dijo Cardozo, sosteniendo que la duda debe beneficiar a la presidenta.

El procurador respondió que la presidenta no firmó un contrato de operación de crédito, pero determinó, “a través de las cadenas de mando” que el Banco do Brasil asumiera los costes del Plan Cosecha, lo que está prohibido por la ley.

Como Oliveira fue escuchado en la condición de informante, sus acusaciones no pueden considerarse pruebas del proceso, sino apenas informaciones técnicas.

Trucos de contabilidad

La declaración de Antônio Carlos Costa D'Ávila Carvalho Junior, auditor del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y uno de los testigos de acusación, vino enseguida. Costa D'Ávila dirigió el equipo que ayudó a preparar el dictamen que clasifica como delito las llamadas “maniobras fiscales”. De acuerdo con el documento, Dilma Rousseff es responsable de haber retrasado las transferencias a bancos públicos –Banco de Brasil, BNDES y Caixa– destinadas al pago de diversos programas gubernamentales. El valor de US$ 18,36 mil millones fue considerado por el auditor como una operación de crédito, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según la defensa de Dilma Rousseff, la Ley no fue violada porque, como señaló el senador Lindbergh Farias, la Fiscalía Federal consideró que no hubo operación de crédito y no se podría imputar delito de responsabilidad a la presidenta.

El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, afirmó que Costa D'Ávila fue parcial al ayudar Júlio Marcelo de Oliveira a elaborar la representación que el TCU analizaría. Para Cardozo, “está evidente que se trata de una situación claramente antiética, lo que socava el principio de la imparcialidad”.

Costa D'Ávila reconoció: “Sí, auxilié la Fiscalía, al procurador Júlio Marcelo, a escribir esa representación, ya que es un tema muy específico, un tema que me gusta mucho, un tema que tiene influencia en las finanzas públicas. Él pidió mi ayuda y yo no me podría negar jamás”, dijo el auditor, justificando que fue procurado por ser un profesor que se ocupa de la cuestión.

Testigos de defensa

La sesión se reanudará este viernes (26) a las 9.00 (hora local) con el testimonio de testigos de defensa: el consultor jurídico Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, el ex ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, el economista Luiz Gonzaga Belluzzo, la ex secretaria de Presupuesto Federal, Esther  Dweck, el ex secretario ejecutivo del Ministerio de Educación, Luiz Cláudio Costa, y el profesor de Derecho en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro.

La presidenta apartada Dilma Rousseff debe ser escuchada por los senadores en la sesión del lunes (29), a la que asistirá también el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó el senador Humberto Costa.

Traducción: Leonardo Vieira