Habeas corpus relacionados con tráfico de drogas son los más comunes en Brasil

En el primer semestre de este año, de las 12.331 peticiones de habeas corpus y recursos presentados ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), 3.506 están relacionados con tráfico de drogas, es decir, un tercio del total.

Así lo informó la presidenta del órgano, la ministra Laurita Vaz, mientras mencionaba problemas que enfrenta la política de drogas de Brasil durante un seminario en Brasilia. “El narcotráfico y el consumo de drogas son males que vienen afectando cada vez más a nuestra sociedad en los últimos años, lo que nos alarma y lleva a graves consecuencias”, dijo.

La llamada Ley de Drogas de Brasil cumple 10 años este año, y la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados (Enfam) realizó esta semana un seminario titulado “10 Años de la Ley de Drogas: Resultados y Panoramas desde una Perspectiva Multidisciplinaria”.

La abogada general del gobierno Grace Mendonça, quien también asistió al seminario, calificó las cifras como espantosas desde el punto de vista de la seguridad pública. Mencionó el Departamento Penitenciario Nacional, que ha reportado que un tercio de los reclusos en Brasil estuvieron implicados con el narcotráfico. Datos del Consejo Nacional de justicia indican que alrededor del 75% de los jóvenes delincuentes son usuarios de drogas.

La cuestión, sostiene la ministra, debe ser abordada de manera interdisciplinaria, involucrando el poder judicial, la salud, la ciencia política y la sociología. “Es importante tratar el tema desde la perspectiva de la asistencia a los drogadictos, incluyendo su reintegración en la sociedad, para que puedan tener calidad de vida”, agregó.

En la opinión del fiscal general Rodrigo Janot, el tema de las drogas es dinámico. “Los enfrentamientos, los efectos, los resultados obtenidos y no obtenidos con la política” deben ser vistos bajo una nueva luz. Agregó que hay puntos prioritarios que deben ser revisados y discutidos, como las políticas de prevención y reinserción; la destinación de bienes incautados para su uso en el enfrentamiento contra las drogas; la distinción entre usuarios y traficantes; y las consecuencias de la política criminal antidrogas en el “maltrecho y fracasado” sistema penitenciario brasileño.

Para Laurita Vaz, la legalización del consumo de drogas no es una solución, ya que las consecuencias son meramente individuales. “En Brasil, un país de dimensiones continentales, con la mayor parte de su población privada de una educación básica de calidad, con una policía cada vez más precaria, con organismos de salud pública al borde del caos, esa propuesta me parece imprudente”, dijo.

Además de llevar a debate la política de drogas del país, el seminario analiza expectativas de un nuevo enfoque, incluidas las políticas públicas dirigidas a ayudar a los drogadictos, el uso medicinal de sustancias prohibidas, las cuestiones relacionadas con el encarcelamiento y el género, bien como aspectos penales y procedimentales en la manera como los delitos son tratatos en Ley de Drogas.

Traducción: Lucas Magdiel