Más de 400 residentes tuvieron que evacuar sus hogares debido a los riesgos de ruptura de la represa Sul Superior, ubicada en la Mina de Gongo Soco. La descaracterización completa de la presa está programada para 2029.
Los fondos tienen que estar disponibles para financiar medidas de reparación en comunidades que las empresas mineras se resistían a reconocer como afectadas. La mayoría de ellas se encuentra en el estado de Espírito Santo.
Cristiane Antunes Campos, quien tenía 35 años al momento del colapso, el 25 de enero de 2019, se desempeñaba como supervisora de mina.
Las lluvias de principios de año pusieron en alerta a la minería. En algunas localidades se registraron más de 200 milímetros en tan solo dos días.
Cumplirá seis años la tragedia en noviembre y, según las estimaciones de la Fiscalía, no se ha indemnizado ni al 30% de las víctimas. La rotura de la presa generó una avalancha de lodo que afectó a varios municipios de Minas Gerais y Espírito Santo a lo largo de la cuenca del río Doce. Además, murieron 19 personas.
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