La Procuraduría General en contra de cerrar frontera a venezolanos

La Procuraduría General de la República (PGR) se manifestó contra el pedido de la gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos, para que se cierre temporalmente la frontera brasileña con Venezuela. Según el viceprocurador general, Luciano Mariz Maia, quien firma el documento enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), la solicitud para cerrar la frontera o limitar el número de refugiados que entran a Brasil viola directamente obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el país.

Gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos (Antonio Cruz/Agência Brasil) 

El pedido de bloqueo temporal de la frontera fue enviado a la Corte Suprema el 13 de abril. Suely Campos sostiene que el gobierno federal se ha omitido ante la explosión del flujo migratorio, y pide que la Unión promueva medidas administrativas en el área de control policial, salud y vigilancia sanitaria en el estado, asigne recursos adicionales para suplir los costos con los venezolanos y limite la entrada de refugiados al país. A pesar de reconocer el significativo aumento del flujo migratorio en los últimos meses, la Procuraduría General destaca que la protección a refugiados en Brasil está determinada inicialmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El tratado internacional establece que cada persona tiene el derecho de buscar y gozar de asilo en otros países sin sufrir persecución. Además, el cierre de la frontera violaría varios otros acuerdos internacionales históricos de los cuales Brasil es signatario, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra. “Afrontaría directamente tanto la protección a los refugiados como la política brasileña de migración, resultando en el aumento de la entrada irregular y en la permanencia clandestina de esos individuos, lo que agravaría la situación social en la región”, escribió Maia. Según la PGR, la medida infringiría también a las normas brasileñas, como la Ley de Migración, que determina que la política brasileña esté regida por el principio de la acogida humanitaria.

El pasado martes (17), la juez Rosa Weber, de la Corte Suprema, dio plazo de 30 días para que la Unión se manifieste respecto a la petición de la gobernadora de Roraima. En el mismo plazo, las partes deben expresarse sobre un posible acuerdo ante la Cámara de Conciliación y Arbitraje de la Administración Federal, órgano coordinado por la Abogacía General de la Unión.