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Derechos Humanos

BYD enfrenta acusaciones de trabajo esclavo en Brasil

Autoridades rescatan a trabajadores en situación precaria
Douglas Corrêa - Reportero de Agência Brasil
Publicado en 08/04/2026 - 11:02
Río de Janeiro
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério do Trabalho e Emprego e do ministério da Previdência Social.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

El Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (MTE) divulgó el martes (7) una lista con 169 nuevos empleadores incluidos en el Registro de Empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud.

Entre los nombres incluidos está el fabricante chino de automóviles BYD, que tiene un complejo fabril en Camaçari, en el estado de Bahía. La primera fábrica de automóviles de la marca china en Brasil, centrada en la producción de vehículos eléctricos e híbridos con una inversión de R$ 5.500 millones, fue inaugurada en octubre de 2025.

Inspección

Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, fiscales de la su superintendencia regional del MTE llabarion a cabo una serie de inspecciones en Camaçari, tanto en la obra como en los alojamientos de los trabajadores migrantes involucrados en la construcción de una unidad industrial.

El 19 de diciembre de 2024, durante una de estas acciones, se identificaron 471 trabajadores chinos que habían sido traídos ilegalmente a Brasil, de los cuales 163 fueron rescatados en condiciones de esclavitud. En los meses siguientes, los fiscales continuaron tomando declaraciones, analizando documentos presentados por las empresas involucradas y avanzando en las investigaciones.

El equipo de fiscalización concluyó que el fabricante de automóviles fue el responsable directo de la llegada de los migrantes al país, incluidos los 163 rescatados, para trabajar en la construcción de su planta industrial.

Aunque BYD presentaba contratos de servicios con otras empresas, los inspectores comprobaron que, en la práctica, los trabajadores estaban directamente subordinados al fabricante de automóviles. Se confirmó la existencia de una relación laboral según los criterios del artículo 3 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT).

Los inspectores también detectaron señales de fraude contra las autoridades migratorias brasileñas, promovido por la propia fabricante de automóviles, con el fin de permitir la entrada de trabajadores extranjeros al país sin el registro adecuado y en violación de la legislación vigente.

Otra de las principales actas de infracción levantadas durante la inspección se relaciona con el mantenimiento de trabajadores en condiciones que no cumplen con las normas de protección laboral, incluyendo el trabajo forzado y situaciones similares a la esclavitud.

Según el equipo de inspección, la constatación se basó en la identificación de tres elementos principales: trabajo forzado, condiciones degradantes y jornadas laborales extenuantes.

Condiciones degradantes

Los trabajadores vivían y trabajaban en condiciones extremadamente precarias. Dormían en camas sin colchón y no tenían armarios, lo que los obligaba a guardar sus pertenencias junto con herramientas de trabajo y alimentos, tanto crudos como cocinados.

En uno de los alojamientos, había un retrete disponible para cada 31 personas, lo que obligaba a levantarse a las 4 de la mañana para prepararse para el trabajo. Las cocinas operaban en entornos insalubres, con alimentos almacenados junto a materiales de construcción. Solo uno de los alojamientos tenía un comedor improvisado, lo que significaba que la mayoría de los trabajadores comía en sus camas. El agua consumida se tomaba directamente del grifo, sin ningún tratamiento.

Extenuante jornada

La jornada laboral duraba al menos 10 horas diarias sin pausas regulares. Un trabajador accidentado informó que había trabajado 25 días seguidos sin descanso. Durante una inspección, se identificaron varios riesgos para la salud y la seguridad. Como resultado, se embargaron excavaciones profundas y se interceptaron parcialmente una logia y un banco de sierra circular por la falta de dispositivos de protección. Además, se detectaron restricciones a la libertad de movimiento: los trabajadores necesitaban autorización incluso para ir al mercado.

En enero de este año, BYD firmó un Acuerdo de Ajuste de Conducta (AAC) con el Ministerio Público del Trabajo por R$ 40 millones.