Estatuto del Niño y del Adolescente cumple 36 años en Brasil
Brasil celebró el lunes (13) los 36 años del Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA). Esta fecha marca el inicio de una semana dedicada a esta legislación y promueve debates sobre políticas públicas para niños y adolescentes.
El ECA fue una de las primeras leyes aprobadas después de la Constitución de 1988 y estableció el principio de prioridad absoluta para la protección de niños y adolescentes. En situaciones específicas previstas en la ley, algunas medidas pueden aplicarse hasta los 21 años.
"Gracias al ECA, podemos considerar a los niños y adolescentes como sujetos de derechos", resume la trabajadora social Andressa Ferreira Cândido, quien trabaja en la Secretaría de Estado de Justicia y Ciudadanía de Paraná, donde promueve clubes de lectura entre los adolescentes internados en el sistema socioeducativo del estado.
Según la experta, hay razones para celebrar los 36 años del ECA. Desde su creación, el país ha disminuido la mortalidad infantil, ha universalizado el acceso a la educación primaria, ha mejorado las normas de adopción y ha establecido una red nacional de consejos tutelares elegidos por la población.
Logros y carencias
El recorrido para garantizar y respetar todos los derechos de los niños y adolescentes aún no se ha copletado, reflexiona Maurício Cunha, presidente ejecutivo de ChildFund Brasil, una ONG con sede en Estados Unidos que se dedica a apoyar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
"Ha habido grandes avances, pero al analizar los retos, vemos que también han aumentado considerablemente", lamenta el presidente de ChildFund Brasil.
"Hemos avanzado menos de lo esperado. Por ejemplo, en cuanto al presupuesto para la infancia y la adolescencia, no tenemos un seguimiento específico. No podemos cuantificar cuánto se invierte realmente en ellas, porque los fondos se distribuyen entre diferentes partidas: sanidad, asistencia social y educación", señala Cunha, especialista en políticas públicas y defensor de la ampliación de la oferta de guarderías. "Un tercio de los niños aún no tiene acceso a una guardería."
Retrocesos y riesgos digitales
Para el presidente de ChildFund Brasil, además de que aún faltan pasos para hacer efectivos los derechos previstos en el ECA, ocurren retrocesos y surgen nuevos riesgos graves, como la exposición a la violencia, el abuso sexual y el acoso escolar.
"En el tema de la violencia, ya sea física, psicológica o sexual, hemos retrocedido. Este retroceso se debe a la llegada de Internet. Hay cientos de miles de delincuentes en la red, creando redes de pedofilia, accediendo a sitios web, intercambiando imágenes y haciéndose pasar por niños".
Para Maurício Cunha, "el ECA digital, recién instaurado, abre caminos para mejoras. Ofrece un gran potencial de mejora al responsabilizar a las grandes tecnológicas, al imponer, por ejemplo, mecanismos de verificación de edad. Esto representa un avance significativo".
En su opinión, "el ECA Digital necesita una mejor regulación. Por ejemplo, aún no sabemos cómo funcionarán esos mecanismos de verificación de edad".
Mayoría de edad penal
Además de los retos del mundo virtual, el país sigue enfrentando problemas históricos, como la implicación de adolescentes en actos delictivos y su ingreso en el sistema socioeducativo, así como el debate sobre reducir la mayoría de edad penal de 18 a 16 años, según una de las propuestas en el Congreso Nacional. "El sistema es muy oneroso. Que un niño llegue a esa situación es el fracaso de la sociedad", lamenta.
Murício Cunha afirma que "lo más importante sería trabajar con políticas públicas eficaces, reforzando las capacidades protectoras de las familias y apostando por la prevención, para que un niño no tenga que sufrir ninguna forma de encarcelamiento".
Para la trabajadora social Andressa Ferreira Cândido, el "ingreso" en el sistema socioeducativo, bajo la responsabilidad del Estado, "tiene una estructura de privación de libertad muy similar a la del sistema penitenciario".
Cândido se sorprende de que haya quienes defiendan el encarcelamiento de adolescentes y la reducción de la mayoría de edad penal. Según ella, estos adolescentes de 16 y 17 años corren el riesgo de ser reclutados por bandas criminales dentro del sistema penitenciario común.
