Arancelazo: el Gobierno anuncia nuevo auxilio a sectores afectados
El Gobierno federal anunció el jueves (16) que retomará el programa de apoyo a los sectores empresariales afectados por el arancelazo impuesto por los Estados Unidos.
La administración brasileña rechaza los argumentos utilizados por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) para aplicar el gravamen adicional del 25% a una parte de los productos nacionales, bajo el alegato de supuestas prácticas comerciales "desleales". Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del 22 de julio.
"A partir de ahora, el Gobierno tiene como prioridad atender y apoyar a estos sectores ante esta injusta, indebida e ilegal imposición que se nos ha aplicado", afirmó Márcio Elias Rosa, ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, durante una rueda de prensa en Brasilia, junto al vicepresidente Geraldo Alckmin y otros miembros del gabinete, incluido Dario Durigan, de Hacienda.
Según Rosa, los exportadores más perjudicados esta vez pertenecen a los ramos de madera, maquinaria y equipos eléctricos, muebles y mobiliario, productos cerámicos, calzado y azúcar. Estas industrias contarán con líneas de crédito para capital de trabajo, inversiones y apoyo para la distribución de sus mercancías hacia otros clientes y países.
Estimaciones de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), vinculada al Ministerio, señalan un total de 2,4 mil empresas nacionales directamente impactadas. Juntas representan cerca del 18% de las ventas brasileñas con destino a los EE. UU., lo que corresponde a transacciones estimadas en US$ 7,4 mil millones.
El año pasado, estos mismos segmentos ya habían reducido a US$ 5,5 mil millones el volumen total de sus despachos a los estadounidenses.
Sin embargo, más de la mitad de la canasta de exportaciones de Brasil a ese país —como carnes, café, aceites y artículos de aviación— quedó excluida del gravamen en esta ocasión, por decisión de Washington.
La participación de los EE. UU. en los envíos brasileños, que representaba el 12,1% hasta el año pasado, cayó al 9,4% en 2026. Por ello, el Ejecutivo continuará fomentando una política de diversificación de mercados, afirmó Márcio Elias Rosa.
Interferencia externa
El titular de Hacienda calificó la decisión estadounidense como una intromisión externa indebida.
"Es inadmisible, desde el punto de vista del Gobierno, tolerar esta injerencia, ya sea política, económica o de cualquier otra índole, para ahuyentar y presionar a Brasil, a las familias, a los empresarios y a los trabajadores de nuestro país", dijo Dario Durigan.
Según el ministro, todos los alegatos de la contraparte son falsos y no se sustentan en datos concretos.
De acuerdo con Durigan, la medida no afectará la estabilidad macroeconómica nacional y el auxilio estatal consistirá en financiamientos por montos inferiores a los del año pasado, ya que la lista de excepciones al impuesto es mayor en esta oportunidad.
Pix
Entre los puntos cuestionados por los estadounidenses en las diversas rondas de negociación se encuentra el Pix, el sistema brasileño de transferencias y pagos electrónicos instantáneos creado por el Banco Central (BC).
Durante la rueda de prensa, el presidente del BC, Gabriel Galípolo, fue enfático al decir que el Pix no se sostiene como argumento para el castigo arancelario, y que las empresas estadounidense de tarjetas de crédito, que lideran el mercado, no se vieron directamente perjudicadas.
"Por más descabellado que pueda parecer este argumento, ni siquiera se demostró que fuera cierto. Analizando lo que ocurrió efectivamente a partir de la implementación del Pix, el mercado de tarjetas de crédito creció un 150%. Quienes pierden espacio son los cheques y el dinero en efectivo, lo cual es absolutamente deseable para todos".
Reciprocidad
El vicepresidente Geraldo Alckmin, exministro de la cartera y uno de los negociadores brasileños, afirmó que, a partir de ahora, se estudiarán formas de aplicar la Ley de Reciprocidad.
Aprobada el año pasado por el Congreso Nacional, la norma establece criterios para la suspensión de concesiones comerciales en respuesta a acciones, políticas o prácticas unilaterales de otro Estado que afecten negativamente la competitividad económica de Brasil.
"Nosotros tenemos una ley de reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Parlamento, y el Gobierno, en el momento adecuado, sabrá cómo implementarla", concluyó Alckmin, quien calificó el nuevo arancelazo de "injusto" e "inadecuado".
