Policía Federal realiza acción contra fraudes en instituciones financieras

La Policía Federal realizó la incautación de más de R$ 1,3 millones en efectivo (cerca de US$ 400 mil) como parte de la Operación Zelotes, desencadenada el jueves (26) en el Distrito Federal, en São Paulo y en Ceará, en asociación con la Secretaría de Ingresos Federales, la Fiscalía Federal y el departamento de asuntos internos del Ministerio de Hacienda.

A medida que la investigación está bajo secreto de justicia, no se dieron a conocer los nombres de las empresas o personas involucradas en el fraude. Solo se informó que se investigan instituciones financieras como grandes bancos, empresas del sector automovilístico, de la industria, de la siderurgia, de la agricultura, oficinas de abogados, de contabilidad, y diez miembros del Consejo Administrativo de Apelaciones Fiscales (CARF, por sus siglas en portugués). El CARF está vinculado al Ministerio de Hacienda y es responsable de juzgar las apelaciones respecto a multas y sanciones aplicadas por la Secretaría de Ingresos Federales.

Según la Policía Federal, la banda hacía un “inventario” de las demandas más importantes del CARF, buscaba las empresas que tenían deudas altas con las autoridades fiscales y les ofrecía “facilidades” como la cancelación de multas. El comisario de la Policía Federal encargado del caso, Marlon Cajado, explicó que las organizaciones criminales se aprovechaban de su proximidad con los miembros del Consejo y “vendían” peticiones de revisión a los endeudados. El procedimiento de revisión del proceso bloquea la agenda de juicio y da al apelante tiempo para lograr alguna otra medida judicial que le favorezca.

Según Cajado, los precios cobrados por la organización variaban de acuerdo a la demanda en cuestión. “En uno de los casos que identificamos, fueron aproximadamente R$ 300 mil [unos US$ 90 mil] por el examen de admisibilidad. También observamos el pago de R$ 30 mil, R$ 50 mil [cerca de US$ 9 mil y US$ 15 mil] por una solicitud de revisión”, ejemplificó el comisario. El examen de admisibilidad es el análisis que se hace para verificar si se puede aceptar una solicitud de apelación.

Según las investigaciones, que empezaron en 2013, se estima que el esquema criminal que operaba en el CARF ha tratado de eludir, desde 2005, más de 70 demandas fiscales, lo que puede generar una pérdida de más de US$ 6 mil millones a las arcas públicas.

El comisario afirmó que, hasta la fecha, se han identificado “evidencias vehementes” de manipulación de cinco juicios ya finalizados en los que el Estado perdió casi US$ 2 mil millones. “Esta es una de las más grandes, si no la más grande, organización especializada en delitos de evasión en el país”, subrayó el director de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, Oslain Santana.

La encargada de asuntos internos del Ministerio de Hacienda, Fabiana Lima, dijo que, si se comprueba la existencia de fraude en los casos ya juzgados, los juicios pueden ser cancelados. “Si se constata el vicio de legalidad, se solicitará la revisión de las demandas y se las someterá a un nuevo juicio”, dijo.

Los involucrados responderán por favorecer interés privado en detrimento de la autoridad financiera, tráfico de influencias, cohecho, soborno, asociación criminal, organización criminal y blanqueo de dinero. El término Zelotes, que nombra a la operación, significa falso celo o cuidado fingido, y remite a la actuación de algunos consejeros jueces del CARF, que no estarían trabajando con el celo e imparcialidad necesarios.

Traducción: Leonardo Vieira