Vigilancia en fronteras causa pérdidas al crimen organizado

El esfuerzo conjunto de organismos de seguridad federales y de estados fronterizos que se unieron al llamado Programa Vigía ha ocasionado, en un solo año, pérdidas por US$ 148,5 millones a los criminales que operan en las fronteras brasileñas. Además, evitó pérdidas por US$ 50 millones a las arcas públicas, reduciendo así la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y el contrabando.

Así lo estima la Secretaría de Operaciones Integradas (SEOPI), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tuvo en cuentael aumento de la cantidad de drogas, cigarrillos, armas y productos de contrabando incautados desde que el gobierno federal creó el Programa Nacional de Seguridad en las Fronteras, también llamado Vigía, que cumple un año el miércoles (15). Desde su creación, han incautado 50 millones de paquetes de cigarrillos, así como unas 130 toneladas de drogas, 138 embarcaciones y 1.350 vehículos.

Según Eduardo Bettini, coordinador general de la SEOPI para las fronteras, el programa ha logrado "resultados expresivos" en la lucha contra el crimen organizado, así como en la prevención y represión de los delitos fronterizos, como el tráfico de armas y drogas y el contrabando. Además, garantiza inversiones para capacitar a todos los agentes de las policías federal, civil y militar que trabajan en las fronteras y para la adquisición de equipos de última generación.

Adhesiones

De acuerdo con el coordinador, Vigía ya integra seis de los 11 estados fronterizos brasileños: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Paraná y Rondônia. Este martes (14), el gobierno de Roraima tedrá que firmar un término de cooperación para unirse al programa. La SEOP espera que Amapá, Pará, Rio Grande do Sul y Santa Catarina sigan el ejemplo.

"Esto lleva a un aumento de la resistencia de los estados, a esfuerzos para compartir recursos e inversiones en instituciones [de seguridad pública], ya sea con equipos o fondos para costear las operaciones", dijo Bettini, señalando que el gobierno federal ha invertido unos US 7,7 millones en Vigía. De este total, al menos 2,5 millones provienen de la subasta de bienes confiscados a los traficantes de drogas. La cantidad restante proviene del Fondo Nacional de Seguridad Pública.

En razón de la pandemia de coronavirus (CODVID-19), SEOPI finalizó la adquisición de emergencia de equipos de protección personal (PPE) para ser distribuidos en los próximos días a los cerca de 1.700 agentes de seguridad que integran el programa, incluyendo agentes de las Fuerzas Armadas.

La SEOPI también quieren incluir a estados no fronterizos. En la actualidad, Tocantins y Goiás forman parte de la iniciativa debido a su ubicación geográfica. "Los dos estados son clave. La mayor parte del contrabando, las drogas y las municiones procedentes de otros países tienen que pasar por esos corredores", dijo el coordinador.

A cambio de la financiación federal, los estados que se adhieren al Programa Vigía deben pagar a su propia policía y sufragar los gastos con la estructura necesaria para las operaciones en su territorio.