El expresidente continuará con vigilancia electrónica en su hogar
El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF), ha decidido extender el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro continuará con la vigilancia de una tobillera electrónica y solo podrá recibir visitas con autorización del magistrado, quien es el relator del caso. La decisión se anunció el viernes (3).
Al expresidente también se le prohíbe usar el móvil y acceder a las redes sociales, incluso mediante terceros, además de grabar vídeos para internet. Agentes de la Policía Militar del Distrito Federal se encargarán de la seguridad de la vivienda para prevenir una fuga.
El año pasado, Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el caso de la trama golpista. Tras someterse a una cirugía, se le permitió cumplir arresto domiciliario temporal durante 90 días, que terminó el 25 de mayo. Actualmente, el expresidente se recupera de una neumonía bacteriana.
Armas
Moraes también ordenó la suspensión del permiso de tenencia de armas de Bolsonaro y la incautación de diez pistolas y escopetas registradas a su nombre.
La defensa tendrá un plazo de 48 horas para entregar el armamento a la Policía Federal (PF).
La decisión se debió a la repercusión del caso de la incautación de un arma de Bolsonaro que estaba en posesión de uno de sus guardias de seguridad privada.
Aunque la Policía Civil del Distrito Federal no ha imputado al expresidente, ya que considera que el arma está legalizada y que Bolsonaro no ha cometido ningún delito, el magistrado decidió que las armas deben ser incautadas.
Moraes también reconoció que Bolsonaro no cometió una falta grave en relación con la incautación del arma de su guardaespaldas. Una falta grave podría llevar al expresidente de regreso a la prisión de máxima seguridad en Brasilia.
“Dado que no se cometió ninguna falta grave mientras el detenido estuvo en arresto domiciliario humanitario, no existen los factores impeditivos mencionados”, argumentó.
El magistrado del STF no fijó un plazo para el fin del arresto domiciliario.
