La Corte Suprema brasileña afirma que no cederá a presiones externas
El presidente de la Corte Suprema de Brasil, el juez Edson Fachin, declaró el jueves (16) que el tribunal seguirá ejerciendo sus funciones sin "presiones externas".

Las declaraciones de Fachin figuran en una nota de prensa emitida tras el anuncio del nuevo arancelazo de los Estados Unidos contra los productos brasileños. Entre las justificaciones para adoptar la medida, el gobierno estadounidense citó decisiones de la Corte Suprema sobre las big techs, como la que determina que las plataformas deben dar de baja contenidos ilegales sin necesidad de una orden judicial.
Fachin señaló que la Corte Suprema ejerce sus funciones con base en la Constitución brasileña y que las decisiones del tribunal son públicas y fundamentadas en la ley.
"La Corte Suprema permanecerá ejerciendo, con serenidad, independencia y firmeza, la misión que le fue confiada por la Constitución de la República, sin ninguna influencia, presión o condicionamiento de naturaleza externa, preservando la integridad del orden constitucional, la separación de los Poderes, la democracia y el Estado de Derecho", afirmó.
Asimismo, el juez defendió la independencia del Poder Judicial brasileño.
"Las divergencias entre Estados deben ser conducidas por los canales diplomáticos y por los mecanismos propios del Derecho Internacional, jamás por iniciativas que puedan ser interpretadas como una forma de coacción al ejercicio de la jurisdicción constitucional", completó.
Demanda en EE. UU.
En decisiones recientes, el juez Alexandre de Moraes determinó la suspensión de perfiles virtuales de brasileños que residen en los Estados Unidos y son acusados de ataques antidemocráticos contra la Corte Suprema.
Debido a esta decisión, Moraes fue demandado en la Justicia de Florida por las redes sociales Rumble y Trump Media.
La defensa del juez en el exterior está a cargo de la Abogacía General de la Unión. El órgano defiende la soberanía brasileña y sostiene que los agentes públicos no pueden ser blanco directo del Poder Judicial de otros países sin el consentimiento del Estado brasileño.