Justicia valida veto a compra de soja de áreas deforestadas
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dictaminó el miércoles (12) validar la denominada“moratoria de la soja”, un acuerdo firmado hace 20 años por las principales empresas del sector para prohibir la compra de soja procedente de áreas deforestadas.
Por mayoría de votos, el pleno de la corte suprema dictaminó que el acuerdo privado entre las empresas es constitucional y contribuye a la preservación del medio ambiente.
El tribunal también ordenó la desestimación de los procedimientos administrativos pendientes que impugnaban la validez de la moratoria y requerían una indemnización. Creada en 2006, la“moratoria de la soja” establece que las empresas del sector se comprometen a no comercializar soja de zonas deforestadas de la Amazonía a partir de julio de 2008. A cambio, reciben exenciones fiscales y condiciones preferentes para el acceso al crédito, o se les asignan terrenos públicos para la producción.
Sin embargo, organizaciones ecologistas han expresado su preocupación por la decisión del STF, que en la misma sentencia también consideró parcialmente constitucionales dos leyes estatales que prohíben conceder incentivos fiscales y terrenos públicos a empresas involucradas en el acuerdo. El tribunal confirmó estas leyes para los estados de Mato Grosso y Rondônia.
“La sentencia que declara constitucionales las leyes estatales representa un retroceso que podría, a medio plazo, revertir la tendencia positiva de reducción de la deforestación en la Amazonía durante el último año, según indican estudios recientes”, advirtió Cristiane Mazzetti, coordinadora de la campaña“Deforestación Cero” de Greenpeace Brasil.
Al analizar los recursos que cuestionaban la constitucionalidad de las leyes presentadas ante el tribunal supremo, los magistrados determinaron que las restricciones impuestas a la concesión de beneficios eran legales, pero decidieron que la retirada o reducción de los incentivos solo podría implementarse en el siguiente ejercicio fiscal o, en casos especiales, después de 90 días.
Para Cristiane Mazzetti, las leyes en cuestión desincentivan al sector privado a asumir compromisos actuales y futuros de deforestación cero, lo que dificulta la capacidad de Brasil para cumplir sus objetivos climáticos.
Según Cristiane Mazzetti, las leyes mencionadas desmotivan al sector privado de asumir compromisos actuales y futuros de deforestación cero, lo que compromete la capacidad de Brasil para cumplir sus objetivos climáticos.
Desde la implementación de ciertas leyes estatales, importantes empresas del sector decidieron retirarse del acuerdo voluntario de moratoria sobre la soja. Un ejemplo de esto fue la salida de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) en enero de este año.
