Acuerdos internacionales ayudan a repatriar recursos brasileños

La Secretaría de Ingresos Federales de Brasil espera recuperar US$ 2,53 mil millones en impuestos, intereses y multas de recursos no declarados descubiertos por la Operación Autolavado, que investiga casos de corrupción en Petrobras. Para ello cuenta con la ayuda de acuerdos internacionales de intercambio de información, firmados después de los ataques de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y que se han convertido en una herramienta esencial contra la corrupción y el lavado de dinero.

Firmados por presión de Estados Unidos para facilitar la identificación de operaciones de grupos terroristas, los acuerdos de cooperación fiscal están imponiendo progresivamente una mayor transparencia financiera global y disminuyendo la posibilidad de evasión de esos recursos a través de paraísos fiscales. “Básicamente, hay tres beneficios de los acuerdos: la lucha contra el terrorismo, el combate al lavado de dinero, y la reducción de la evasión de impuestos”, dice el abogado fiscal José Henrique Longo.

A través de los acuerdos internacionales, los países pueden intercambiar información fiscal de transferencias de fondos y del patrimonio de contribuyentes sin pedir permiso a la Justicia de otros países. El intercambio de información abarca contribuyentes con cuentas que tienen saldo de al menos US$ 50 mil en otro país. Sin embargo, la transferencia de los datos se limita a los casos sospechosos, y el gobierno tiene que requerir la información por medios administrativos.

Los acuerdos han evolucionado a partir de finales de la década de 2000, con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), que prevé el intercambio automático de información. La crisis económica de 2008 dio mayor impulso a esos acuerdos, que se han vuelto multilaterales, es decir, firmados simultáneamente entre varios países.

Actualmente, Brasil intercambia información tributaria por medio de petición administrativa con nueve países: Bermudas, Estados Unidos, Guernsey, Islas Caimán, Jamaica, Jersey, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Sin embargo, solo el intercambio con los EE.UU. ha estado en vigor desde 2013. Los otros tienen que ser ratificados por el parlamento brasileño.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20, grupo de las 20 economías más importantes del planeta, también firmaron protocolos para el intercambio automático de datos, previsto para entrar en vigor en dos etapas: algunos países en 2017 y otros, incluyendo Brasil, en 2018. El parlamento brasileño, sin embargo, necesita ratificar el compromiso firmado por 50 países en la reunión del G-20 en 2014 para que pueda firmar un nuevo acuerdo en 2018.

Los acuerdos permiten a la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil recibir informaciones sobre patrimonio, transacciones financieras y pagos de tributos hechos por brasileños con fondos en otros países. El organismo así compara los datos con la declaración de impuesto sobre la renta del contribuyente y cobra los tributos debidos en caso de evasión.

Las autoridades fiscales pueden comunicar al Banco Central y a la Fiscalía, dependiendo de la irregularidad detectada. “Sin duda, operaciones como el Autolavado no tendrían el mismo éxito si no fuera por los acuerdos con los EE.UU.”, dice José Henrique Longo. “Estamos experimentando un cambio de paradigma, de la total opacidad a la transparencia financiera.”

Recientemente, el Supremo Tribunal Federal confirmó la validez de la ley que permite a la Secretaría de Ingresos Federales acceder a la información bancaria de contribuyentes sin autorización judicial en casos de investigación de fraude fiscal. La Secretaría defiende el acceso a los datos para luchar contra la evasión de impuestos.

Traducción: Leonardo Vieira