Human Rights Watch denuncia situación caótica de prisiones en Pernambuco

Un informe publicado por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denuncia la situación de descontrol e insalubridad de los presidios en el nororiental estado de Pernambuco. Según la entidad, parte del control sobre las celdas más superpobladas del país fue delegado a algunos pocos reclusos, quienes imponen disciplina sobre los demás.

Los llamados “llaveros” (porque poseen las llaves de las alas) cobran por el uso de colchones y manejan la venta de drogas dentro de las cárceles. “Los llaveros viven en celdas privadas, muchas veces equipadas con televisores, ventiladores, heladeras y baños privados”, denuncia HRW tras visitar cuatro presidios del estado.

Con base en datos divulgados por el Ministerio de Justicia, la organización destaca que el sistema penitenciario de Pernambuco alberga a 32 mil presos, el triple de su capacidad de 10,5 mil vacantes, lo que representa el mayor índice de hacinamiento del país. Y un 59% de los internos no han sido juzgados aún, informó HRW.

La entidad visitó dos prisiones en el Complejo Penitenciario de Curado, en Recife, capital del estado, y dos en Itamaracá, a 45 kilómetros de la referida capital: la Penitenciaría Barreto Campelo y la Penitenciaría Agro-Industrial São João (PAISJ). Se realizaron entrevistas con los directores de los centros de detención, empleados públicos, exreclusos y familiares.

En uno de los presidios del Complejo de Curado, una celda de la ala disciplinaria contaba con seis camas de cemento para 60 presos. “Los reclusos en esa celda, sin camisa a causa del intenso calor y humedad, viven apretados en medio de un olor insoportable de sudor, heces y moho”, subraya el documento.

En Itamaracá, el investigador encontró presos durmiendo en los pasillos y zonas comunes. Duermen, según el informe, “en cualquier espacio disponible en la cafetería, incluso encima de las mesas y bancos de cemento y en el piso entre esos bancos”. El presidio aloja 2,3 mil reclusos, pese a tener capacidad para 630.

Según César Muñoz, el autor del estudio, la superpoblación se debe no solo a la falta de vacantes, sino también a la mala gestión del sistema. “Hay mucha gente en esos presidios que no deberían estar ahí”, declaró, refiriéndose a los detenidos que están hace años a la espera de ser juzgados o que siguen recluidos tras cumplir sus condenas. En otros casos, los condenados están aptos a progresar al régimen abierto, pero permanecen en los presidios.

También se encontraron problemas de a infraestructura en las prisiones. “En algunos lugares, las condiciones son increíbles”, recalca Muñoz. De acuerdo con el documento, en PAISJ, “los presos tienen que recoger agua en baldes para beber, bañarse, hacer la limpieza y vaciar el inodoro. Ellos utilizan grifos en los patios, donde hay agua disponible sólo tres veces al día, media hora por vez”.

El hacinamiento y la insalubridad contribuyen, según el informe, a una alta incidencia de enfermedades. En las cárceles de Pernambuco la prevalencia de casos de tuberculosis –2.260 por cada 100 mil–, es 100 veces superior a la media del país. Ya la infección por el VIH alcanza 870 casos por 100 mil, una incidencia 42 veces mayor que en el resto de la población.

En ese ambiente, los detenidos están expuestos a diversas formas de violencia. Los “llaveros” forman, de acuerdo con los relatos recogidos por el investigador, grupos organizados para extorsionar a otros presos y asegurar el pago de deudas. “Los guardias penitenciarios hacen la vista gorda o bien participan en las actividades ilícitas a cambio de sobornos”, agrega el documento.

Entre las medidas que pueden adoptarse para afrontar los problemas encontrados, Muñoz defendió la ampliación de las audiencias de custodia: siempre que ocurre una detención en flagrante, el preso deberá ser llevado dentro de 24h ante un juez, quien determinará si la prisión puede sustituirse por la libertad provisional.

Alojar a los presos provisorios en espacios separados de los condenados es otra medida, que, en la opinión de Muñoz, contribuiría a reducir la violencia. Poner fin a la práctica de delegar el control de las prisiones a los “llaveros” también es un requisito indispensable. “No se puede dar a un preso poder sobre otros presos en un presidio”.

La respuesta del gobierno

En un comunicado a la prensa, el gobierno de Pernambuco, por intermedio de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, publicó una respuesta a Human Rights Watch, aunque afirma no haber recibido ningún informe sobre la situación carcelaria en el estado. Reconoce, sin embargo, la necesidad de mejorías en el área. La declaración dice aún que la secretaría actuará con la urgencia y responsabilidad que exige la situación, y que su actuación “no será tutelada por organizaciones sociales”.

La secretaría informó que Pernambuco tiene una población carcelaria de 31.919 internos y 11.196 vacantes. Aclaró que, como otros estados brasileños, hace frente a varios desafíos, como la necesidad de ampliar el número de profesionales para desarrollar actividades relacionadas con la reinserción social.

Informó aún que el gobierno del estado ya ha implantado las audiencias de custodia en Recife, capital del estado, gracias a la cuales “obtuvo índices de aplicación de medidas alternativas a la prisión superiores al 39%”. La medida fue dictaminada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en diversos estados, que consideró que el encarcelamiento previo a la condena penal debe ser excepcional.

Según el comunicado, la colaboración con la Secretaría Departamental de Salud y las secretarías de salud municipales han reforzado acciones preventivas contra la tuberculosis en los presidios, tales como la contratación de personal médico, la compra de medicinas y la realización de esfuerzos conjuntos dirigidos a la prevención y al control de la enfermedad.

Aún de acuerdo con la nota, el gobierno del estado ha tomado medidas para cohibir la subordinación de un interno a otro, mediante la intensificación de las inspecciones, adquisición de equipos dedicados a la incautación de armas, videovigilancia y acciones de inteligencia, “siempre teniendo como objetivo el respeto a los derechos y a la integridad de los presos”.

Traducción: Lucas Magdiel