La práctica de la minería en la región no sólo causa daños al medio ambiente y a la salud pública debido a la contaminación del río por mercurio y cianuro, sino que también interfiere en la cultura de los pueblos tradicionales.
Un sondeo realizado por el Observatorio de la BR-319 (OBR-319) encontró que en los municipios de Canutama, Humaitá, Manicoré y Tapauá, la red clandestina de ramales tiene una longitud de 5.092 kilómetros.
También está en vigor la Política de Protección de las Lenguas Indígenas, que incluye la garantía del derecho al pleno uso público de la propia lengua, dentro o fuera de las tierras indígenas.
La empresa afirma que cumplió todos los requisitos previstos en la legislación para perforar el pozo exploratorio del bloque FZ-M-059, situado frente a la costa de Amapá, en aguas profundas.
El 6 de febrero se abrieron corredores aéreos para permitir a los no indígenas abandonar por aire las zonas de minería ilegal. Iban a suspenderse hoy, pero se prorrogaron.
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