La presidenta Dilma Rousseff sancionó la nueva ley electoral y vetó, entre otros puntos, el que permitía a las empresas hacer donaciones para campañas electorales, repasadas a los candidatos por sus partidos políticos o por los comités de finanzas de las coaliciones.
Rousseff decidió vetar el financiamiento corporativo de campañas debido al dictamen del Supremo Tribunal Federal el pasado 17 de septiembre, que trató del mismo tema. En su justificativa, la presidenta dice que consultó al Ministerio de Justicia y a la Abogacía General de la Unión, que consideraron que ese tipo de contribución contraría “la igualdad política y los principios republicanos y democráticos”.
También se vetó la propuesta de que la urna electrónica imprimiera los votos de los electores. Según la justificativa presidencial enviada al Parlamento, el Tribunal Superior Electoral estimó en US$ 437 millones el coste del registro impreso de los votos.
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