La Comisión de la OEA advierte sobre derechos humanos en Brasil
En un informe preliminar publicado este lunes (12) en Río de Janeiro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma que el fortalecimiento institucional de los derechos humanos en Brasil ha sido "congelado". El documento también advierte sobre los problemas estructurales a los que aún se enfrenta el país.
“Pese a los avances, encontramos un país que no tuvo éxito al abordar sus principales deudas históricas con sus ciudadanos: el problema estructural de la desigualdad y la discriminación, principalmente la discriminación racial y social”, dice el texto.
El documento incluye análisis preliminares sobre la reciente visita de la delegación al país, y expresa "preocupación por la situación de los derechos humanos en Brasil y su futuro". Según el informe, "se detectaron retrocesos considerables en la implantación de programas, políticas públicas y en la garantía de prerrogativas en áreas clave".
Referencia y urgencia
En el texto se mencionan políticas en Brasil que sirven de referencia en materia de derechos humanos, como la creación de una secretaría específica para temas relacionados, la consolidación de las defensorías públicas y el aumento de la participación de la sociedad en la administración pública, además de acciones afirmativas como la ley de cuotas en escuelas y universidades. También se elogiaron medidas recientes, como las llamadas audiencias de custodia, la nueva Ley de Inmigración y la adopción del arresto domiciliario para mujeres embarazadas y madres de niños pequeños y personas discapacitadas.
La Comisión de la OEA destaca la urgente necesidad de respetar a los pueblos indígenas, las comunidades cimarronas, los trabajadores rurales y las personas sin hogar. El informe también enumera asuntos relacionados con los derechos de los reclusos, la comunidad LGBT, la defensa de los derechos humanos, los inmigrantes y la libertad de expresión para la prensa, la academia y las organizaciones sociales.
El texto también hace referencia a la corrupción, remarcando que esta es una forma de violación de los derechos humanos. Menciona el medioambiente como una prioridad, junto con la defensa del Estatuto del Niño y del Adolescente. La comisión se opone a la reducción de la edad de responsabilidad penal y advierte sobre la violencia contra los líderes urbanos y rurales. La muerte de la concejal de Río Marielle Franco y su chofer en marzo de este año fue recordada como un crimen aún sin resolver.
