Movimientos sociales se unen en pro del derecho de manifestación

Representantes de movimientos sociales han rechazado el proceso contra 23 activistas acusados de asociación criminal en Río de Janeiro. Asistieron a una conferencia de prensa este jueves (24) el grupo Tortura Nunca Más, el Frente Internacionalista de los Sin Techo y el Instituto de los Defensores de los Derechos Humanos (DDH), además de varios sindicatos. También participó en el encuentro el recién creado Comité Popular contra el Estado de Excepción, que anunció la celebración de protestas en varias partes del país programadas para el día 30 de julio.

"Eso solo sirvió para unirnos. Estábamos ocupados con nuestros propios movimientos. Ahora, tenemos un foro unitario y un plan de acción conjunta. Eso va a crecer”, dijo Liette Ornellas, en nombre del comité, que reúne a más de 100 entidades de los movimientos sociales, entre colectivos, sindicatos y asociaciones". Por ahora, el comité se restringe a Río, pero nos estamos organizando, porque queremos que sea nacional", explicó Ornellas.

Joana Fernández, representante del grupo Tortura Nunca Más, afirmó que su entidad envió mensajes de advertencia a organizaciones nacionales e internacionales, indicando que los 23 activistas están siendo perseguidos, torturados y obligados a vivir en la clandestinidad. "Lo que queremos es que sean puestos en libertad, que se les conceda la amnistía amplía, general e irrestricta. Además, queremos reclamar que no basta con otorgar habeas corpus”, dijo.

Thiago Melo, coordinador del DDH, cuyos abogados fueron detenidos durante la investigación, afirmó que los cargos son genéricos y que los cargos individuales y específicos no tienen fundamentos claros. Indicó aún que las acusaciones son arbitrarias y se quejó de la interceptación ilegal de teléfonos del instituto, que defiende a las víctimas de violaciones cometidas por agentes de la policía. "Es doblemente grave que eso haya ocurrido. Hay que garantizar el secreto de la comunicación entre los abogados y sus clientes", apuntó.

"Nos parece que los movimientos sociales están claramente siendo tratados por la policía y por la justicia penal como organizaciones criminales”, agregó Melo.

El SINDSPREV-RJ difundió una nota en la cual se posiciona sobre la acusación de que haya pagado gastos con alimentación a los manifestantes. En la nota, el sindicato afirma que participa activamente en todos las movilizaciones populares y que apoya directamente a las movilizaciones que cuestionan a los gobiernos. "En lugar de atender a las demandas de la población, sin embargo, la respuesta de los gobernantes fue tratar las protestas como si fueran actos criminales", dice la nota.

El miércoles (23), la Justicia de Río de Janeiro otorgó habeas corpus a los 23 activistas sobre los cuales recaían órdenes de prisión preventiva desde el día 18. Ellos están acusados de conspiración para acciones armadas durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Río de Janeiro al inicio de este año. Sin embargo, se negaron los habeas corpus a Fábio Raposo y Caio Silva, acusados de lanzar el cohete que provocó la muerte del camarógrafo Santiago Andrade, en febrero.

Traducción: Lucas Magdiel