ONG se organizan por el desarme

Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) prometen una gran movilización este miércoles (10) en la Cámara de Diputados. Tratarán de evitar la aprobación de un proyecto de ley que facilita la adquisición y circulación de armas de fuego y municiones en Brasil. El proyecto también deroga puntos controvertidos del llamado Estatuto del Desarme, que regula el sector.

Conocida como Estatuto de las Armas de Fuego, la propuesta fue presentada por el diputado Peninha Mendonça, quien sostiene que el comercio de armas cayó un 90% en el país desde la promulgación del Estatuto del Desarme, sin que esto se haya reflejado en reducción de los homicidios. “Lo que constatamos es que no es el arma legalizada que comete crímenes, sino la de los bandidos, para quienes la ley no tiene importancia”, destacó.

El proyecto de ley reduce de 25 a 21 años la edad mínima para el porte de armas, elimina la exigencia de justificación de la Policía Federal y amplía de seis a nueve el número máximo de armas de fuego permitidas a cada ciudadano. La propuesta también aumenta la cantidad de municiones permitidas. El relator del proyecto, diputado Claudio Cajado, ya indicó que debe presentar una alternativa al texto. Entre otras cosas, él quiere mantener en 25 años la edad mínima para el porte de armas.

Organizaciones como el Instituto Sou da Paz resisten al intento de revocación del Estatuto del Desarme. El director ejecutivo de la ONG, Ivan Marques, considera que uno de los más graves puntos del proyecto es cambiar los requisitos para el porte. Él también advierte sobre la exclusión de la prohibición a quien tenga antecedentes penales o sufra cualquier tipo de investigación.

“Este proyecto es un disparador muy peligroso. ¿Por qué poner más armas en manos del  ciudadano, si él ya puede tener seis? Lo mismo se aplica a la munición. ¿Por qué tanta bala?”, preguntó.

Otra crítica de las ONG es la extinción de los exámenes periódicos a los que, por las normas actuales, los portadores de armas deben someterse cada tres años. “El proyecto elimina el examen. El ciudadano compraría un arma, haría la prueba una vez, la registraría y ya no se preocuparía más por ello”, explica Marques.

Según Marques, el esfuerzo del grupo es para rechazar el proyecto, que está todavía bajo análisis de una comisión especial de la Cámara. El temor es que, con una composición más conservadora a partir del próximo año, la Cámara apruebe la propuesta. “Es un mal proyecto. Si no se aprueba en comisión, se archivará”, dijo. Para lograr este objetivo, todo lo que pueden hacer los manifestantes es intentar constreñir a los miembros de la comisión, cuya mayoría está a favor de la revocación del Estatuto del Desarme.

Traducción: Leonardo Vieira