Un informe de la Agencia Nacional del Aguas (ANA), publicado este lunes (19), indica que en 2017 había 45 presas en riesgo de derrumbe en el país. La mayoría se encuentra en las regiones Norte y Noreste. Se detectaron problemas de bajo nivel de conservación, insuficiencia del aliviadero y falta de documentos que demuestren la estabilidad de la presa. En 2016, se contabilizaban 25 presas en riesgo.
Así lo consigna el “Informe de Seguridad de la Represa 2017”, que se basa en datos enviados por entidades u organismos responsables de la seguridad de la represa en Brasil. En el periodo cubierto por el documento, se identificaron 14 episodios de accidentes, sin que se produjeran víctimas mortales.
Hay en Brasil un registro que recoge 24.092 presas para diferentes fines, como la acumulación de agua, de residuos minerales o industriales y para la generación de energía. De las 45 presas en riesgo, 25 pertenecen a organismos y entidades públicas, según la agencia.
Sin embargo, los técnicos estiman que el número de represas artificiales distribuidas por el país es al menos tres veces mayor. Según ANA, la cantidad exacta sólo se conocerá cuando los organismos y entidades de inspección registren todas las presas bajo su jurisdicción.
De las 24.092 presas registradas, 3.545 fueron clasificadas por los agentes de control según la Categoría de Riesgo (CRI) y 5.459 según los Daños Potenciales Asociados (DPA). De las presas registradas, 723, equivalentes al 13%, fueron clasificadas simultáneamente como de alta CRI y DPA.
ANA informó que el año pasado invirtió US$ 9 millones en los servicios de operación, mantenimiento y recuperación de represas. En 2016 se invirtieron US$ 3,2 millones.
Mariana
La tragedia de Mariana, en Minas Gerais, cumplió tres años el pasado lunes (5). En esa ocasión, una represa de la compañía minera Samarco se rompió y liberó relaves mineros al medioambiente. El episodio dejó 19 muertos, destruyó los distritos de Gesteira, Bento Rodrigues y Paracatu, contaminó la cuenca del río Doce y devastó la vegetación nativa. Desde noviembre de 2016, tramita ante la Justicia una acción penal sobre la tragedia, que se ha convertido en el mayor desastre ambiental jamás registrado en el país.
