La justicia británica vuelve a analizar la tragedia de Mariana
El derrumbe de la presa de Samarco en la ciudad de Mariana (Minas Gerais) vuelve a estar en la agenda de los tribunales británicos. Un juicio que comenzó el lunes (4) y se prolonga hasta el viernes (8) analiza el recurso que presentaron los afectados por la tragedia. Piden a los jueces que reconozcan la competencia de la Justicia del Reino Unido para tratar el caso.
En noviembre del año pasado, cumplió seis años la rotura de la presa. En la tragedia se liberaron 39 millones de metros cúbicos de lodo. La oleada de relaves causó 19 muertes, destruyó comunidades y provocó la contaminación de decenas de municipios desde la cuenca del río Doce hasta su desembocadura en el estado de Espírito Santo.
La demanda en el Reino Unido fue presentada en 2018 por algo más de 200 mil afectados, tres comunidades indígenas, unas 600 empresas y 25 municipios, así como la Archidiócesis de Mariana. Buscan una indemnización de BHP Billiton, la empresa minera anglo-australiana con sede en Londres que es, junto con Vale, accionista de Samarco.
Representados por el bufete de abogados inglés PGMBM, los afectados alegan que el sistema jurídico brasileño no ha sido capaz de garantizar una indemnización adecuada. Este argumento, refutado por BHP Billiton, tampoco fue aceptado en la sentencia de primera instancia. La demanda fue considerada “abuso de proceso” por el juez Mark Turner, del Tribunal Civil de Manchester, donde se tramita el caso. En noviembre de 2020, Turner entendió que había riesgo de sentencias irreconciliables, con juicios simultáneos en Brasil y Reino Unido.
“Puede predecirse con seguridad que esa incesante contaminación cruzada de los procedimientos llevaría a un caos absoluto en la conducción de los litigios en ambas jurisdicciones, estando la posición procesal de cada una de ellas en un estado de cambio casi constante”, escribió Turner en aquel entonces. Esa decisión fue confirmada de nuevo en marzo del año pasado, cuando se desestimó el caso.
Ante el doble revés, PGMBM presentó un recurso extraordinario y logró una victoria en julio del año pasado. El Tribunal de Apelación de Londres aceptó una solicitud de reapertura del caso, y el tema de la jurisdicción volvió a estar en el orden del día. Sobre eso se centra el juicio de esta semana: hasta el viernes (8), los afectados y la empresa minera, a través de sus abogados, deben presentar sus puntos de vista. Las sesiones se transmitirán en directo por las redes sociales.
El bufete estima que los jueces deberían dar un veredicto en junio o julio. Si entienden que los tribunales británicos tienen competencia legal para tratar el caso, el juicio pasará finalmente al análisis de mérito.
Reparaciones en Brasil
Para reiterar sus argumentos a favor de los afectados, PGMBM adjuntó al caso un informe publicado en 2020 por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU), Baskut Tuncak.
Al analizar el caso, Tuncak concluyó que, después de casi cinco años, los responsables de la rotura de la presa no habían apoyado ni indemnizado efectivamente a las víctimas. También destacó la ineficacia de la Fundación Renova, señalando que su verdadero propósito parece ser “limitar la responsabilidad de BHP y de Vale, en lugar de proporcionar cualquier apariencia de un recurso efectivo”.
Para reparar los daños de la tragedia, se firmó un Acuerdo de Transacción y Ajuste de Conducta en marzo de 2016. Las tres empresas mineras aceptaron asumir los costes y acordaron la gobernanza del proceso con el gobierno federal y los gobiernos de Minas Gerais y Espírito Santo. La Fundación Renova se creó a partir de este acuerdo y asumió la responsabilidad de gestionar todas las medidas necesarias.
Los datos de la entidad muestran que ya se han gastado más de R$ 20 mil millones en el proceso de reparación, de los cuales R$ 8.740 millones se han destinado a indemnizaciones y ayudas financieras de emergencia. Su actuación, sin embargo, es cuestionada por el Ministerio Público Federal y por el Ministerio Público de Minas Gerais. Ambos señalan la falta de autonomía y alegan que, en última instancia, las empresas mineras controlan el proceso de reparación. También cuestionan las decisiones judiciales que llevaron a la aplicación del sistema de compensación simplificado a partir de finales de 2020, así como los valores y procedimientos adoptados. A través de ellos, unos 52 mil afectados tuvieron acceso a la indemnización.
El año pasado, se inició una mediación conducida por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que puede resultar en un nuevo acuerdo para la tragedia de Mariana y proporcionar una solución para más de 80 mil demandas que están en la cola a la espera de ser consideradas. A finales de 2021 y en los primeros meses de este año, los afectados fueron escuchados en audiencias públicas online y pudieron hablar de sus realidades.
