Piden condenación definitiva a financiadores de actos golpistas
La Abogacía General del Estado (AGU) presentó a la Justicia Federal de Brasilia una demanda para multar a los acusados de financiar el fletamento de autobuses para el levantamiento antidemocrático del 8 de enero. Con el objetivo de proteger el patrimonio público, el documento solicita condenar a los implicados a devolver un total de R$ 20,7 millones al erario público.
La demanda enumera a 54 individuos, tres empresas, una asociación y un sindicato. Un ciudadano que protesta, reza la demanda, no debe "sobrepasar los límites impuestos por la finalidad económica o social de su derecho a protestar".
"En un régimen democrático como el de Brasil", prosigue el texto, "va contra las costumbres de la democracia y la buena fe, organizar y financiar un movimiento o manifestación con la intención de tomar el poder, lo que arroja luz sobre el carácter ilícito del acto organizado".
El importe de R$ 20,7 millones se deriva de los daños estimados por la Corte Suprema, el palacio presidencial del Planalto, la Cámara de Diputados y el Senado Federal y "es el monto que la Abogacía considera como daño material incontrovertible, sin perjuicio de que, en el curso del proceso, se puedan producir nuevas pruebas que demuestren un daño aún mayor al patrimonio público".
Hasta el momento, la AGU presentó un total de cuatro demandas contra los responsables de los atentados progolpistas del 8 de enero, cuando se depredaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
