Policía Federal desmantela mina ilegal de oro en Pará
La Policía Federal (PF) lanzó el miércoles (8) una operación denominada "Boi Dourado" para combatir la extracción ilegal de oro y otros delitos ambientales en una finca entre los municipios de Marabá y Curionópolis, en el estado norteño de Pará.
El daño ambiental se estima en R$ 20 mil millones, monto calculado con base en la amplitud del área de extracción ilegal, la deforestación, las excavaciones, la grave contaminación del suelo, el encenagamiento y la contaminación por mercurio del río Sereno, afluente del río Tocantins, responsable del abastecimiento de varias ciudades y que pasa cerca de la propiedad.
Los policías cumplieron una orden de detención preventiva contra el propietario de la finca, cuyo nombre no fue revelado, además de nueve órdenes de registro e incautación en Curionópolis, Marabá y en Goiânia, estado de Goiás.
También cumplieron con la decisión judicial de embargo de bienes y valores en R$ 161 millones y la inalienabilidad de la finca, valorada en R$ 200 millones.
"El propietario de la finca es un gran empresario ganadero que no tiene permiso de explotación ni concesión expedida por la Agencia Nacional de Minería y tampoco cuenta con licencias ambientales", informó la PF.
Las transacciones financieras del sospechoso indican la existencia de intermediarios en la venta de oro extraído ilegalmente, y que el empresario intentó eliminar pruebas de los delitos cometidos. Para la Policía Federal, la libertad del empresario compromete la obtención de pruebas y la persecución penal.
Denuncias
La investigación se inició tras las denuncias de los residentes que viven cerca de la finca y las informaciones de la empresa Xingu-Río, gestora de la línea de transmisión de energía a la región Sudeste del país que pasa cerca de la finca. Durante la inspección de las 4.448 torres de alta tensión, la empresa observó que la extracción de oro se acercaba a la línea de transmisión.
La policía también indicó que un peritaje realizado durante la operación debería dar una estimación más precisa de los daños medioambientales. El valor tiene en cuenta el gasto necesario para recuperar el entorno.
En septiembre de 2022, la Policía Federal ya había ejecutado una orden de registro e incautación en la finca y destruido tres palas cargadoras.
Los implicados serán procesados por delitos contra el medioambiente, usurpación de bienes federales y asociación ilícita.
