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Justicia

Un total de 653 denunciados por actos golpistas del 8 de enero

Si condenados, también deberán pagar por perjuicios y daños morales
Karine Melo – Reportera de la Agencia Brasil
Publicado en 06/02/2023 - 08:58
Brasília
Palácio do Supremo Tribunal Federal e destruído, após atos terroristas no ultimo domingo
© Valter Campanato/Agência Brasil

La Procuraduría General de la República (PGR) denunció, entre el 31 de enero y el 2 de febrero, a 152 personas más por su participación en los actos terroristas que resultaron en la invasión y depredación de la sede de los Tres Poderes, en Brasilia, el pasado 8 de enero. Según la PGR, hasta la fecha se ha denunciado a un total de 653 personas sospechosas de participar en los actos.

Las denuncias están firmadas por el subprocurador general de la República, Carlos Frederico Santos y relatan la secuencia de hechos que condujeron a la formación del campamento en el Cuartel General del Ejército, en la capital federal.

Según los documentos, el lugar tenía una "estructura evidente para garantizar la perennidad, la estabilidad y la permanencia" de los manifestantes que defendían la toma del poder.

Además de la condena por los delitos señalados, el subprocurador general pide también que los implicados paguen una indemnización mínima, prevista en el Código de Procedimiento Penal, "al menos en razón del daño moral colectivo evidenciado por la práctica de los delitos imputados".

Acusados

Los acusados fueron detenidos preventivamente en el campamento frente al Cuartel General del Ejército y se encuentran en unidades del sistema penitenciario del Distrito Federal. Se les acusa de asociación delictiva y de incitar a la animadversión de las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales.

En los documentos también se pide que las condenas consideren la llamada concurrencia material, es decir, que los delitos se consideren de forma autónoma y que se sumen las penas.

Celeridad

Debido al gran número de demandas judiciales, Carlos Frederico dos Santos solicitó la apertura de una consulta nacional para que fiscales de todo Brasil puedan contribuir al trabajo y agilizar el avance de los procesos. Los interesados actuarán en apoyo del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos.