Rousseff niega interferencia de Lula en actos de su gobierno

La expresidenta Dilma Rousseff negó el jueves (22) que el antecesor Luiz Inácio Lula da Silva haya practicado tráfico de influencia durante su gobierno en los episodios de la compra de cazas suecos Gripen y en la aprobación de medida provisional para beneficiar al sector automovilístico. Rousseff fue llamada como testigo de defensa de Lula y declaró por videoconferencia ante la Justicia Federal en Brasilia.

Lula y su hijo, Luis Cláudio Lula da Silva, fueron denunciados por el Ministerio Público (MP) por tráfico de influencia, lavado de dinero y organización criminal. De acuerdo con el MP, Lula habría actuado en la gestión de Rousseff para garantizar la compra de los cazas por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y también en la prórroga de incentivos fiscales a la industria automovilística.

La medida trataba de la tributación de ganancias de empresas multinacionales brasileñas en el exterior, en sustitución al llamado Régimen Tributario de Transición. Según el MP, tanto la montadora Caoa como la constructora Odebrecht actuaron para influir en el texto, debido a que tenían negocios en el exterior. Durante el proceso de tramitación de la Medida Provisional en el Congreso Nacional, se introdujeron varios ítems extraños al texto original. Rousseff sancionó el texto con vetos a esos puntos. Según ella, eso provocó la reacción de Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien puso en votación proyectos que dificultaban la realización del ajuste fiscal por el gobierno. “Yo debía tener la capacidad de transitar en ese medio político”, dijo.

Cuando se le preguntó por qué, aún así, no vetó los beneficios a la industria automovilística, Rousseff dijo haber hecho un análisis técnico con miembros del gobierno y llegado a la conclusión de que la medida no tendría ningún impacto en la recaudación y podría ayudar en la recuperación económica.

“No veté porque, en la evaluación de todos nosotros, el incentivo era lo menos complicado y podría incluso traer ventajas a Brasil y al gobierno, porque beneficiaría la industria automovilística e impactaría otros sectores, como siderurgia, caucho, petróleo y gas, comercialización de automóviles, entre otros”, dijo.

Cazas suecos

Además de Dilma Rousseff, fue escuchado Bengt Janér, representante en Brasil de Saab, fabricante de los cazas Gripen. Él habló de su relación con otros dos acusados, los lobistas Mauro Marcondes y Cristina Mautoni, quienes, según el MP, habrían actuado por medio de una influencia indebida en la compra de los aviones junto al gobierno brasileño. Para ello, de acuerdo con la denuncia, Marcondes hizo pagos de lo equivalente a US$ 750 mil al empresario Luís Cláudio Lula da Silva –pagos que están bajo investigación–. Ambos niegan las acusaciones.

Janér dijo que Marcondes fue contratado por él debido a su cercanía a Lula, ya que Saab estaría estaba siendo “obstaculizada” por el Ministerio de Defensa y necesitaba crear un canal de diálogo con el expresidente. “Él tenía ese contacto y, para nosotros, era la persona más cercana para superar la barrera del Ministerio”, dijo. “Pero nunca lo vi sugerir algo ilegal, como pago de soborno”, agregó.

La transacción, que costó US$ 5.400 millones por la adquisición de 36 nuevas aeronaves, fue llevada a cabo por el gobierno brasileño durante la gestión de Rousseff, pero el proceso ya había pasado por los gobiernos de Lula y Fernando Henrique Cardoso. La previsión es que los 36 cazas Gripen NG sean entregados a la Fuerza Aérea Brasileña entre 2019 y 2024.

Traducción: Leonardo Vieira