El proyecto entrará en funcionamiento en octubre de 2025 y generará 1.500 empleos directos y 3.000 indirectos.
A día de hoy, 94 defensores de los derechos humanos —incluidos habitantes de quilombos, indígenas y trabajadores rurales— gozan de protección en Bahía, y 25 casos están siendo analizados.
Solo en en estado de Bahía, el Ministerio del Turismo espera alrededor de 1,5 millones de personas, que podrían generar ingresos por R$ 1.000 millones.
Las organizaciones señalan que, desde junio del año pasado, aquellas comunidades enfrentan una violencia continua que incluye “amenazas, cercos armados y tiroteos.
La región se destaca en el escenario nacional como zona cacaotera enfocada en la calidad del grano y en la preservación del medio ambiente.
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