Juegos de Río 2016: el impacto de los desalojos
La misión de convertir Río de Janeiro en una ciudad olímpica llevó las autoridades municipales a ir más allá de las obras de instalaciones deportivas y de la ampliación de las rutas de acceso necesarias para el movimiento de los atletas y del público. Para construir el Parque Olímpico, la municipalidad desalojó a los residentes de Vila Autódromo, una comunidad que reunía cerca de 500 familias y que hace más de 40 años lindaba con el antiguo Autódromo de Jacarepaguá, en la zona oeste de la ciudad.
Al menos 400 familias fueron reasentadas en apartamentos del nuevo condominio Parque Carioca, a un kilómetro de distancia. Otras fueron indemnizadas y se mudaron a otros lugares. Solo 24 familias permanecerán en el vecindario después de la urbanización que la Alcaldía prometió concluir hasta el 22 de julio. Pese al pequeño número de residentes que pudieron permanecer en el área, la Defensoría Pública y los representantes de la comunidad creen en una “victoria de la resistencia”.
Reasentados
Los residentes del nuevo condominio, entrevistados por Agência Brasil, se quejan del proceso llevado a cabo por la Alcaldía. Dicen que las promesas no se cumplieron y que los apartamentos son pequeños para el tamaño de las familias. Además, consideran injustas las negociaciones y se dicen víctimas de presiones psicológicas para aceptar cualquier tipo de acuerdo.
De las cerca de 400 familias que dejaron la villa, al menos 120 planean procesar a la Alcaldía para que pague indemnizaciones por los inmuebles demolidos.
Uno de los descontentos es el técnico en electricidad Orlando Santos. Según él, no hubo ninguna negociación durante el proceso de desahucio, sino más bien una imposición sin alternativas para la mayoría de las familias que aceptaron ser realojadas en el condominio Parque Carioca. Aunque las cuotas del préstamo para adquirir los nuevos apartamentos sean pagadas por la Alcaldía, la deuda de US$ 23 mil aparece en nombre de los residentes, que han tenido que firmar un compromiso de permanecer en la propiedad hasta el 2024.
Santos también se queja de que aunque la kitchenette donde vivía tenía un valor estimado de US$ 75 mil, otras personas llegaron a negociar el valor de US$ 120 mil por un inmueble de igual tamaño que el suyo.
Em medio a informaciones contradictorias y criterios que cambian constantemente, la ama de casa Sônia Maria da Silva se declaró insatisfecha con la permuta. “Hay personas que se fueron después de conseguir un apartamento de tres dormitorios y un plus en dinero, y tenían solo una casa de madera. La mía era hecha de ladrillo, con pavimento cerámico, y no gané nada”, dice.
Resistencia
La decisión de 24 familias de permanecer en la zona obligó a las autoridades municipales a presentar un plan de urbanización a principios de marzo de este año. El proyecto, discutido con los residentes, incluye la demolición de todas las casas y la construcción de una villa estandarizada. El acuerdo entre la Alcaldía y los residentes, intermediado por la Defensoría Pública, fue firmado el 13 de abril. La municipalidad estima concluir la urbanización hasta el 22 de julio.
La empleada doméstica Maria da Penha Macena se mostró entusiasmada con el desenlace y dijo que valió la pena resistir. “Esa lucha no es solo mía, es de cada uno de nosotros, pues necesitamos tener mejores ciudades, mejores países. Es una lucha por el amor a la tierra, por que la llegada de un megaevento no expulse las favelas, las comunidades, pues tenemos los mismos derechos, somos todos iguales”.
Expropiaciones
Los desahucios en Vila Autódromo vuelven a encender la discusión sobre la necesidad de los reasentamientos y la presión inmobiliaria ejercida sobre las comunidades pobres que viven en zonas nobles de la ciudad.
Las autoridades municipales alegan que ese es el único desalojo directamente vinculado a los juegos de Río 2016. El Comité Organizador de la cita olímpica afirma, sin embargo, que no exigió la remoción de la comunidad. En tanto, organizaciones de derechos humanos critican los desalojos forzosos de los residentes y denuncian lo que llaman “limpieza social”.
Según el Dosier Megaeventos y Violaciones de Derechos Humanos en Río de Janeiro 2015, cuarta versión del documento publicado en noviembre por el Comité Popular de la Copa Mundial y Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la remoción de comunidades de zonas valoradas debido a las obras son “la punta de un proyecto de profunda transformación en la dinámica urbana de Río de Janeiro”.
El documento señala que la convocatoria para licitar la concesión del terreno público donde fue construido el Parque Olímpico establece que, una vez terminados los juegos, el 75% de la superficie de 1,18 millones de metros cuadrados sea destinada a un proyecto habitacional de alta gama que la concesionaria explotará comercialmente. “Por lo tanto, la Alcaldía de Río de Janeiro ha marcado como prioridad la remoción de una comunidad de bajos ingresos para viabilizar otro proyecto de mercantilización de la ciudad”, apuntó.
Según datos oficiales recogidos en el dosier, 22.059 familias fueron desalojadas en la ciudad entre 2009 y 2015, lo que supone un total de 77.206 personas.
Preguntada sobre el proceso de negociación de espacios públicos con grandes constructoras, la Alcaldía difundió un balance de los reasentamientos realizados desde 2009. “La abrumadora mayoría de las familias –15.937 familias o el 72,2%– dejaron sus hogares por estar expuestas a algún tipo de riesgo: movimientos de ladera, inundaciones en bordes de ríos, insalubridad y viviendas arruinadas”. Otros realojos, según la alcaldía, se produjeron para llevar mejoras a la propia comunidad.
Traducción: Lucas Magdiel
Fonte: Juegos de Río 2016: el impacto de los desalojos