Brasil reporta implementación de recomendaciones de la ONU sobre DD.HH.

Casi todas las 169 recomendaciones hechas a Brasil hace casi cinco años por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas están implementadas o en proceso de implementación.

La Secretaría Especial de Derechos Humanos (SEDH) divulgó el lunes (7) el informe de 66 páginas que el país presentará al Consejo en mayo de este año, cuando tendrá lugar en Suiza el tercer ciclo del Mecanismo de Examen Periódico Universal. La sumisión al examen es un procedimiento obligatorio a todos los miembros de la ONU y evalúa la situación de los derechos humanos en cada país.

El informe recoge información acerca de las acciones y políticas públicas implementadas en los últimos años para promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por Brasil.

Fortalecimiento del Consejo

Entre los avances para garantizar los derechos humanos, el Gobierno cita la sustitución, en 2014, del antiguo Consejo para la Defensa de la Persona Humana (CDDPH) por el actual Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La importancia del CNDH se ejemplifica mencionando visitas de consejeros a la región donde se construyó la Planta Hidroeléctrica de Belo Monte, en Pará, y las consecuentes recomendaciones hechas a los organismos gubernamentales a fin de minimizar los impactos del proyecto sobre la población y el medio ambiente.

Asimismo, otro ejemplo es el viaje de consejeros a la cuenca del río Doce, después de que se rompió la presa de la compañía minera Samarco en la ciudad de Mariana, Minas Gerais. El objetivo fue garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas por parte de la empresa.

Pobreza extrema

En el informe, el Gobierno cita la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad social como logros en la promoción y protección de los derechos humanos en Brasil, y señala que, entre 2004 y 2014, cerca de 36 millones de brasileños han salido de la situación de extrema pobreza.

Programas sociales como el Bolsa Familia, que beneficia  a 13,57 millones de hogares, y el Minha Casa Minha Vida también son citados como promotores de los derechos humanos. El primero se refiere a transferencia de ingresos y el segundo financia la compra de vivienda a la población de bajos ingresos.

Persisten los Retos

Aunque reporta progresos y esfuerzos continuos, la Secretaría reconoce que “sigue habiendo retos para la protección de los defensores de los derechos humanos en Brasil, especialmente respecto a profesionales de la comunicación, líderes rurales, indígenas, cimarrones y ambientalistas”.

Durante la preparación del documento, el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), por ejemplo, actuaba en 349 casos y evaluaba otras 500 quejas de coacción o amenaza a personas que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos.

La mayoría de los casos están relacionados con derechos sobre la tierra (114), poblaciones indígenas (65), comunidades cimarronas –remanecientes de esclavos– (60) y el medio ambiente (35). Según la propia secretaría, “los procedimientos de todos los programas de protección requieren mejoras”.

Informe perfeccionado

Según la ONG Conectas, el informe actual aporta mejoras en comparación con la primera versión divulgada en octubre de 2016. Organizaciones de derechos humanos han criticado el primer documento por considerarlo superficial y omiso respecto a cuestiones importantes, como la represión policial y los límites de inversión. Dada la controversia, el gobierno terminó ampliando el plazo para la presentación de nuevas sugerencias.

“Nos dimos cuenta de que, de diferentes maneras, la nueva versión disminuye la distancia entre lo que está escrito y la realidad, en una clara demostración de la fuerza de la sociedad civil y de su capacidad de señalar defectos y reclamar mejoras en los procesos institucionales”, dijo la coordinadora de Política Externa de Conectas, Camila Asano, en un comunicado difundido por la organización. Aunque señala avances en el lenguaje y en la metodología de preparación del documento, la experta mantuvo sus críticas al contenido.

“Todavía estamos lejos de dar una respuesta a la altura de los problemas del país en este ámbito. Un claro ejemplo es la mención a la rotura de la presa de Samarco, en Mariana, el desastre socioambiental más grave en la historia del país, que en el documento final tuvo tan solo una breve mención burocrática”. Asano recuerda que, en la primera versión, ni siquiera se mencionaba la tragedia.

El accidente se produjo en noviembre de 2015 y dio como resultado la muerte de 19 personas, la destrucción de distritos rurales de la ciudad histórica y la contaminación de gran parte de la cuenca del río Doce con la fuga de relaves.

Recomendación rechazada

La única recomendación que las autoridades brasileñas no aceptaron fue hecha por Dinamarca, que sugirió la extinción de la policía militar, la cual sería unificada con la policía civil, y que la liberación de los recursos necesarios a la financiación de sus servicios estuviera sujeta al cumplimiento de medidas para reducir los homicidios extrajudiciales cometidos por agentes policiales.

Brasil justificó el rechazo con el argumento de que la Constitución prevé la existencia de las dos fuerzas policiales, con diferentes tareas y organizaciones. En el informe, también se asegura que el país viene adoptando medidas de control sobre la actuación de los profesionales de seguridad pública, ya sea creando defensorías del pueblo y de asuntos internos, ya sea con la formación continua.

Haz click aquí (http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/programas/pdf/) para acceder al informe completo.

Traducción: Leonardo Vieira