Gobierno brasileño flexibiliza normas para construcción de prisiones

El Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria de Brasil modificó las normas para la construcción de centros penitenciarios. La decisión llega en respuesta a una petición del Consejo Nacional de Secretarios de Justicia, Derechos Humanos y Administración Penitenciaria, foro que reúne a autoridades vinculadas al tema a nivel departamental.

El cambio otorga a los gobiernos de los estados más flexibilidad para definir parámetros y medidas para áreas tales como aulas, aparcamientos y oficinas durante las fases de elaboración de los proyectos y de ejecución de las obras de construcción. Medidas menores o especiales tendrán que estar justificadas.

Bajo las nuevas reglas, las autoridades de los estados “pueden diseñar sus propios proyectos arquitectónicos, con soluciones arquitectónicas especiales, considerando factores inherentes a las circunstancias locales, siempre que se conserven los derechos de los reclusos y de los trabajadores de prisiones”.

Según el Ministerio de la Justicia, el cambio se llevó a cabo a petición de los gobiernos de los estados, que argumentaban que los requisitos anteriores de construcción eran demasiados estrictos y dificultaban abordar los problemas que atraviesa el sistema carcelario. Serían necesarias 358,6 mil vacantes más para los 726 mil reclusos de Brasil.

No se han modificado las reglas relativas a las celdas individuales y colectivas, patios para tomar sol, duchas y módulos de salud.

Fondos

El Ministerio de la Justicia anunció que a fines de 2016 se autorizó la transferencia de un total de US$ 360 millones del Fondo Nacional Penitenciario a los gobiernos de los estados (US$ 13,4 millones a cada estado). De ese total, US$ 9,6 millones se destinan a obras de construcción y el restante a equipos, capacitación y vigilancia.

En cuanto al presupuesto para 2018, se espera que sea de US$ 182,4 millones, según informó el ministerio, valor que corresponde a poco más de la mitad de los US$ 360 millones asignados a fines de 2016. Además, la distribución ya no se hará en pagos iguales, sino de acuerdo con la demanda en cada estado.

Retroceso

Paulo Malvezzi, asesor jurídico de la Pastoral Penitenciaria Nacional, describe la medida como un retroceso, ya que cambia la forma de construir centros penitenciarios. Por otro lado, los gestores públicos siguen obligados a respetar los derechos de los reclusos, algo que, según el asesor, no se hace de manera adecuada en el sistema carcelario brasileño.

“El estado aún debe cumplir con las normas sobre los derechos y deberes de los reclusos, como asistencia sanitaria, material, jurídica, educativa, social y religiosa. Pero sirve de poco la previsión de espacios para la educación si las celdas están superpobladas y si se violan los derechos”, señaló.

Traducción: Lucas Magdiel