Belo Monte: familias que serán desplazadas recurren a la justicia

En la ciudad de Altamira, estado de Pará, más de 500 familias que tendrán que ser desplazadas debido a la construcción de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte buscaron la ayuda de la Defensoría Pública federal para garantizar su derecho a vivienda. Aunque cerca de 120 casos han sido resueltos, otros, por falta de acuerdo, están siendo llevados a los tribunales. Para atenderlos, la Defensoría ha creado un grupo de trabajo para cuidar de cada caso.

“El principio básico es que todas las personas desplazadas de sus hogares deben recibir otra casa, lo que no se estaba respetando a rajatabla. Estamos allí para hacer efectivo el derecho a la vivienda de quien era residente de la región”, dijo el defensor público Francisco Nóbrega, uno de los coordinadores del grupo de trabajo.

La planta de Belo Monte es una de las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento. Se espera la generación de 11.233 MW y está presupuestada en US$ 8,9 mil millones. Su construcción, sin embargo, ya está afectando a la vida en la región.

Los residentes de las casas que se encuentran en el área que será inundada por el embalse de la presa tienen derecho a una indemnización o a una de las casas que está construyendo Norte Energia, compañía responsable de la planta.

La coordinadora del movimiento Xingu Vivo Para Sempre, Antonia Melo, dice que uno de los problemas es que Norte Energia subestimó el número de familias que necesitaban ser reasentadas. Según Antonia, muchas personas dicen que no han sido incluidas en el registro realizado por la empresa debido a los requisitos burocráticos: “Hay que presentar mil documentos, recibos. Parece un calvario de dificultades lo que la compañía está haciendo con esta gente”, explica.

El defensor público Francisco Nóbrega reconoce que existen problemas en el registro de las familias, pero dice que la mayor parte de la demanda por indemnización proviene de familias que no están en el registro y que dicen vivir en la región. “La compañía termina por sospechar de quien va a pedir indemnización o reasentamiento”, dice Nobrega.

De acuerdo con Norte Energia, el registro socioeconómico realizado por la compañía encontró a 5.241 familias que viven en 5.141 propiedades, que tendrán derecho a las casas en los barrios construidos o a la indemnización en efectivo, carta de crédito y alquiler social. Con base en el registro, se determinó la construcción de 4.100 viviendas en cinco nuevos barrios, estimándose que los otros residentes optarían por las otras modalidades.

“Los otros propietarios en el universo de 7.790 registros socioeconómicos son personas que tienen más de una propiedad, son empresas, representantes de propietarios ya fallecidos y otros a los cuales se dará el tratamiento adecuado, según el caso”, explica la compañía.

Descontento con las casas

Otra queja común se refiere a la calidad de las casas construidas para reasentar a las familias. Según Antonia Melo, la compañía había presentado un proyecto de albañilería en tres tamaños diferentes, que se construirían a dos kilómetros de distancia de la vivienda actual, cerca de colegios, centro de salud, y con fácil acceso al transporte.

“Nos metieron por la garganta una casita de un solo tamaño, de concreto, que es muy caliente, con una construcción de muy mala calidad. Las paredes ya tienen grietas y fugas. Además, están hasta 8 kilómetros lejos, sin transporte y de difícil acceso”, cuenta Antonia Melo.

Norte Energia afirma que decidió construir las casas según un modelo que garantiza seguridad estructural, durabilidad, comodidad térmica y acústica. “Los inmuebles cumplen con las normas técnicas aplicables a la construcción y ofrecen ventajas por consumir menos recursos naturales y generar menos residuos al medio ambiente.”

La compañía también dijo que una firma de consultoría técnica fue contratada para evaluar las viviendas ya entregadas y verificar las reclamaciones de los residentes. Las nuevas casas tienen 63 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños.

El valor de las indemnizaciones pagadas a los que tienen que salir de sus casas también es criticado por la población de Altamira.

Según Nobrega, los terrenos fueron evaluados en cifras muy bajas, que no corresponden a la realidad actual de la ciudad. Altamira registró alza en el valor de bienes raíces debido a la especulación inmobiliaria desde la llegada de las obras en 2011. En la ciudad hay también hay problemas de falsificación de documentos de propiedad y dificultades de verificación de la posesión de los terrenos. “El monto de la indemnización es tan bajo que, de hecho, las personas no tienen esa opción. O aceptan el reasentamiento o se quedan sin nada, porque la indemnización no es suficiente ni para comprar un terreno”, dice el defensor público.

Antonia Melo, cuya casa se encuentra en el área a ser inundada, dice que va a optar por recibir la compensación porque el local del reasentamiento es muy lejos. “Voy a optar por la indemnización, centavo a centavo, no voy a renunciar a nada. No fui yo quien pidió para salir de mi casa, tampoco estoy vendiendo cualquier cosa a ellos”, añade.

Norte Energia afirma que los valores de las indemnizaciones ofrecidas a las familias fueron definidos de acuerdo con las normas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). Según la compañía, las compensaciones se basan en los precios del mercado inmobiliario local y las encuestas de precios, llevadas a cabo por evaluadores autorizados por el Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura, se realizaron en enero, junio y octubre de 2012, y fueron revisadas de enero a marzo de 2013.

Traducción: Leonardo Vieira