Senador brasileño defiende privatizar cárceles brasileñas

El senador Aécio Neves sugirió al presidente Michel Temer adoptar asociaciones público-privadas (PPPs) para gestionar las prisiones como parte de la solución a la crisis carcelaria en Brasil. El senador citó como ejemplo la primera prisión privada del país, inaugurada en 2013: el Complejo Penitenciario de Ribeirão das Neves, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Neves sostuvo que el modelo de PPP es diferente de la externalización de la gestión a terceros, como es el caso del Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) en Manaus, donde 56 presos fueron asesinados entre los días 1 y 2 de enero. Según el senador, las PPPs son basadas en la premisa de que el sector privado hace la inversión y es remunerado de acuerdo con las condiciones estipuladas en un contrato, cuyos términos pueden cubrir una serie de condiciones, desde el porcentaje de reclusos en la prisión a los cuales se les permite estudiar y trabajar hasta disposiciones contra huidas o rebeliones. “El incumplimiento de cualquiera de las condiciones implicaría que la contratista dejara de recibir la remuneración previamente acordada”, dijo Neves.

Para el senador, que preside el PSDB, la privatización de las cárceles podría ayudar a ampliar el número de vacantes en el sistema penitenciario del país. Neves estima que el gobierno, por mayor que sean sus esfuerzos, sería capaz de ampliar la actual capacidad en 30 mil vacantes en todo país. “Con la inversión del sector privado, podríamos tener el doble de vacantes, considerando que el Estado mantendría su responsabilidad de vigilar las cárceles y supervisar la seguridad tanto dentro como fuera de sus paredes. Sin embargo, los contratistas se harían cargo de la gestión administrativa en condiciones humanas, con aulas y cuidados dentales”, argumentó.

Ribeirão das Neves

Inaugurado en 2003, bajo la administración del exgobernador Antonio Anastasia, del PSDB, el Complejo Penitenciario Ribeirão das Neves fue la primera prisión en Brasil construida y gestionada por un consorcio de empresas privadas en Brasil, que ganó la licitación para prestar el servicio. En la época de su inauguración, el gobierno de Minas Gerais informó que el sector privado invertió US$ 87 millones en la prisión.

Traducción: Lucas Magdiel