Corte brasileña reduce condena de Lula de 12 a 8 años de prisión

La Quinta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió el martes (23), por unanimidad, reducir la sentencia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso del tríplex de Guarujá de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses de prisión.

La apelación de Lula fue llevada a juicio el martes por el relator de la Operación Autolavado en el STJ, el ministro juez Félix Fischer, quien fue el primero en votar por mantener la condena, pero a favor de reducir la sentencia. Otros tres jueces siguieron el voto del relator: Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca y Ribeiro Dantas.

Además, se redujo el monto de la multa impuesta a Lula, que pasó de 1.440 a 875 veces el salario mínimo vigente en la época de la comisión de los delitos.

Los ministros también redujeron de US$ 4 millones a US$ 608.000 el valor de los daños que deben ser reparados por Lula. Según lo dispuesto en el Código Penal, una posible progresión en el régimen de cumplimiento de la pena, de cerrado a semiabierto, está condicionada al pago del monto, resaltó Fischer en su voto.

Argumentos rechazados

Sin embargo, los ministros rechazaron una veintena de cuestionamientos planteados por la defensa de Lula, que buscaba la anulación completa de la condena. Los abogados argumentaron que el exjuez y actual ministro de Justicia Sergio Moro habría sido parcial y que habría habido una actuación abusiva de los fiscales del caso.

Otros planteos cuestionaban la competencia de la justicia de Paraná para juzgar el caso y denunciaban irregularidades en la aportación de pruebas al proceso y el cercenamiento de defensa por la negativa de pericias en documentos y de realización de interrogatorios y diligencias, así como contradicciones en la sentencia, que se habría basado únicamente en la palabra de un delator, según los abogados.

Para los ministros del STJ, sin embargo, los argumentos de la defensa buscaban la revisión de las pruebas, lo que la jurisprudencia del tribunal superior no permite, o demostraban “una simple inconformidad con el resultado del juicio” en las instancias inferiores, en las palabras del juez Jorge Mussi.

Durante el juicio, el abogado Cristiano Zanin, que representa a Lula y estuvo presente en la sesión, no pudo hacer uso de la palabra. El presidente de la Quinta Sala, Reynaldo Soares da Fonseca, destacó que el tipo de recurso presentado por la defensa del expresidente no permitía el apoyo oral, según el reglamento interno del STJ.

En un intento de anular la condena, la defensa de Lula también presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal Federal (STF), que aún no ha sido juzgado.

Condenación

Lula fue condenado por los delitos de corrupción y lavado de dinero, acusado de recibir de la constructora OAS, a modo de soborno, un apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de São Paulo. El total de ventajas indebidas, según la acusación, ascendió a US$ 250 millones, incluido el gasto en reformas.

En el fallo original, dictado en julio de 2017, Lula fue condenado a 9 años y seis meses de prisión por el entonces juez Sergio Moro, quien consideró que las ventajas guardaban relación con los desvíos en Petrobras.

En enero del año pasado, la condena fue confirmada y la sentencia fue agravada por el Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región (TRF4), segunda instancia de la Justicia Federal, a 12 años y un mes de prisión –8 años y 4 meses por el delito de corrupción pasiva y 3 años y 9 meses por el de lavado de dinero–. El martes, el STJ acortó la pena de Lula por corrupción a 5 años y seis meses, y la por lavado de dinero a 3 años y cuatro meses, lo que supone una pena total de 8 años y 10 meses.

Lula está preso desde abril del año pasado en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. La prisión fue determinada por Sergio Moro con base en el entendimiento del STF que autorizó la detención tras el fin de recursos en la segunda instancia de la Justicia.

Pese a la decisión del STJ, Lula seguirá encarcelado con base en el mismo entendimiento, pero podrá pedir la progresión a un régimen semiabierto en septiembre de este año, cuando habrá cumplido una sexta parte de la pena.