Corte Suprema: gastos con Bolsa Família pueden estar fuera del tope
Por decisión del juez Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), los recursos destinados al pago de programas sociales de combate a la pobreza y extrema pobreza, como el Bolsa Família, podrán quedar fuera del límite de gastos de la administración federal. La decisión, tomada en la noche del domingo (18), responde a una solicitud del partido Red Sostenibilidad.
“Considero legalmente posible que cualquier gasto adicional de recursos con el objetivo de sufragar los pagos relacionados con el mantenimiento, en el ejercicio de 2023, del programa Auxílio Brasil (o cualquier programa social que lo suceda) puede ser posible mediante la apertura un crédito extraordinario, y cabe señalar que tales gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope constitucional de gastos”, dice un extracto de la decisión de Mendes.
A juicio de Gilmar Mendes, el tope de gastos no puede ser “concebido como un fin en sí mismo” y no permitir que se liberen recursos para “derechos fundamentales que defiende la Constitución”. “En este contexto, urge desarrollar mecanismos similares en el ámbito de la responsabilidad social, que faciliten la elaboración, implementación, consolidación y ampliación de las políticas públicas sociales por parte de todas las entidades federativas”, argumenta el juez.
Otro punto destacado por Mendes es que la propia ley del tope ya contiene instrumentos capaces de permitir la apertura de espacios fiscales para cumplir con las “responsabilidades sociales” del Estado.
Negociaciones en el Parlamento
La decisión se tomó en medio de las dificultades del gobierno electo para aprobar una ley de transición en la Cámara de Diputados. Además del monto para el pago del Bolsa Família, el texto ya aprobado por los senadores también pretende recomponer el presupuesto de distintos ministerios, fuera del tope de gastos. La expectativa es que los diputados lo voten a finales de esta semana en el pleno de la Cámara.
Aprobada en el Senado, la propuesta establece que el nuevo gobierno tendrá R$ 145 mil millones además del tope: R$ 70 mil millones serán para financiar el beneficio social de R$ 600 con R$ 150 adicionales por niño hasta los seis años. La propuesta también abre espacio fiscal para otros R$ 23 mil millones en inversiones por un período de dos años y no de cuatro años, como quería el equipo de transición.
En la Cámara, los parlamentarios defienden que el texto tenga vigencia de un año. Otra enmienda que está en discusión es de valor aún más bajo que el aprobado en el Senado, que redujo el valor tope de R$ 175 mil millones para R$ 145 mil millones.
