Brasil necesita un plan nacional para combatir la violencia
La creación de un plan nacional para reducir los homicidios es una de las propuestas del documento Agenda Prioritaria de Seguridad Pública. 
El crecimiento de la violencia y de la sensación de inseguridad entre la población impone al país varios retos en el ámbito de la seguridad pública, incluida la reducción de los homicidios. Según el Ministerio de Salud, en 2012, el número de personas asesinadas alcanzó 56,3 mil. Más de la mitad de las víctimas de homicidio en el país (53%) tienen entre 15 y 29 años.
“Necesitamos una política nacional para combatir la violencia. Cada estado tiene una política diferente. La violencia se ha convertido en un problema nacional. Anteriormente, se limitaba a unas pocas regiones metropolitanas, como Río de Janeiro, São Paulo y Recife. En el comienzo del siglo, la violencia se extendió al interior de los estados y a otras regiones”, afirma el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, organizador del Mapa de la Violencia, que se publica anualmente con informaciones sobre delitos violentos en todo el país.
Reducción de homicidios
La creación de un plan nacional para reducir los homicidios es una de las propuestas del documento Agenda Prioritaria de Seguridad Pública, elaborado por organizaciones no gubernamentales y expertos en seguridad de varios estados.
“Tenemos una inmensa dificultad de aclarar estos crímenes. El promedio es que se aclaran solo el 8% de los homicidios. Es necesario que este plan fomente la investigación de homicidios, que sea una prioridad en los estados, con el incentivo a la creación de departamentos especializados en este tipo de delito y estímulo a la pericias criminales”, afirma Carolina Ricardo, analista del Instituto Sou da Paz.
Según ella, uno de los primeros pasos para hacer frente a los homicidios es definir mejor las responsabilidades de cada ente federativo. “Hoy en día, es todavía muy difuso. Solo sabemos que los estados controlan la policías civil y militar. Pero hay que definir las responsabilidades del gobierno federal, elaborar un buen plan nacional, establecer como parte de la responsabilidad federal el entrenamiento de gestores policiales y difundir información estandarizada de calidad. No se hace política de seguridad sin información.”
La experta explica que se necesita construir una base de datos nacional, con información relativa a las armas en circulación y los crímenes cometidos en cada estado, que incluya a todos los actores en las áreas de justicia y seguridad. Según Carolina, también es necesario tener una política de control de armas y reformar el Fondo Nacional de Seguridad Pública para proveer transferencias anuales de fondos, con criterios objetivos.
Otro punto de la Agenda Prioritaria es la reforma del modelo de policía existente en Brasil, donde hay dos policías departamentales: una civil (responsable de la investigación y ejecución de órdenes judiciales) y otra militar (responsable de la vigilancia ostensiva).
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia, había, en diciembre de 2012, 548 mil reclusos en las prisiones y cárceles públicas en todo Brasil.
Penas alternativas
El sistema penitenciario es otro reto del próximo gobernante. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia, había, en diciembre de 2012, 548 mil reclusos en las prisiones y cárceles públicas en todo Brasil. Además del gran número de prisioneros, muchos centros penitenciarios tienen problemas de hacinamiento, estructura física inadecuada y falta de políticas de reinserción de los presos, lo que resulta en masacres y rebeliones con víctimas.
Carolina Ricardo cree que una de las acciones que se podrían adoptar es reducir el número de encarcelamientos dando prioridad a penas alternativas para delitos de menor potencial ofensivo.
“El gobierno federal es una importante fuente de financiación de la política penitenciaria. Gran parte de los estados brasileños dependen de estos recursos. El [próximo] presidente tiene que decir que ya no va a tolerar que Brasil encarcele a tanta gente sin resultados efectivos para la sociedad. Cuando vemos el presupuesto de 2013 del Fondo Penitenciario Nacional, el 95% se destinó a la creación de vacantes [en las cárceles]. Solo el 5% se destinó a las alternativas a la prisión. Tenemos que cambiar el foco”, dijo.
Activistas de Leap Brasil abogan por la legalización de las drogas y otras medidas, tales como cambios en la legislación para que sea más claro qué es un consumidor de drogas y qué es un traficante.
Legalización de las drogas
Para la juez jubilada Maria Lucia Karam, de Leap Brasil (grupo de oficiales de policía, fiscales y jueces defensores de la legalización de las drogas), una parte importante de los reclusos está encarcelada debido a delitos relacionados con drogas ilícitas. Además, un gran número de homicidios está relacionado con drogas. Según ella, es fundamental que el próximo gobernante maneje el cambio en las leyes antidrogas brasileñas. “Sin eso, cualquier medida para reducir la violencia es tan solo paliativa”, dijo.
Karam aboga por la legalización de las drogas y otras medidas, tales como cambios en la legislación para que sea más claro qué es un consumidor de drogas (que no puede ser detenido) y qué es un traficante (sujeto a prisión). Defiende también reducir la encarcelación de pequeños traficantes e invertir en políticas de prevención.
De acuerdo con la Constitución Federal, la seguridad pública es una responsabilidad compartida. La Unión es responsable de las policías Federal, Federal de Carreteras y Federal de Trenes, mientras que los estados son responsables de las policías Civil, Militar, y del Cuerpo de Bomberos. Los alcaldías pueden crear sus guardias municipales.
Traducción: Leonardo Vieira
Fonte: Brasil necesita un plan nacional para combatir la violencia
