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Política

Asociación de Juristas lanza campaña contra la amnistía a golpistas

La iniciativa incluye actos presenciales y posts en redes sociales
Vitor Abdala – Reportero de la Agência Brasil
Publicado en 23/03/2025 - 15:00
Río de Janeiro
Manifestantes se reúnem em frente ao QG do Exército em Brasília
© Valter Campanato/Agência Brasil

La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) ha lanzado esta semana una campaña contra la amnistía a las personas condenadas por su participación en el acto golpista del 8 de enero de 2023.

La campaña “Amnistía no, golpistas a prisión!” se opone a los intentos de ciertos sectores de la sociedad de aprobar proyectos de ley que concedan amnistía a los involucrados en el caso. La iniciativa incluye actos presenciales y publicaciones en redes sociales.

“La idea es ejercer presión para que no haya amnistía y para que las personas que participaron en el intento de golpe de Estado en nuestro país sean responsabilizadas. Esa amnistía representaría una luz verde para que otros golpes pudieran ocurrir”, explica la abogada Tereza Mansi, integrante de la ejecutiva nacional de la ABJD.

Tereza recuerda que el país tiene un historial de golpes de Estado. “Fue precisamente la falta de responsabilización, principalmente en relación con el golpe de 1964, lo que abrió las puertas a un nuevo intento de golpe en 2023”.

El pasado domingo (16), seguidores del expresidente de la República Jair Bolsonaro realizaron una manifestación en la icónica playa de Copacabana en defensa de la amnistía.

Manifestantes se reúnem em frente ao QG do Exército em Brasília
El 8 de enero de 202, miles de personas que estaban acampadas frente al Cuartel General del Ejército Brasileño, en Brasilia, marcharon hacia la Plaza de los Tres Poderes e invadieron las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, provocando actos de vandalismo. - Valter Campanato/Agência Brasil

Actos del 8 de enero

El 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión del actual presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, miles de personas que estaban acampadas frente al Cuartel General del Ejército Brasileño, en Brasilia, marcharon hacia la Plaza de los Tres Poderes e invadieron las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, provocando actos de vandalismo.

Hasta diciembre de 2024, 370 personas habían sido condenadas por delitos relacionados con el ataque, entre ellos golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y daños calificados. Además, más de 500 personas firmaron acuerdos con la Justicia. El pasado día 7, otras 63 personas fueron condenadas a penas de hasta 14 años de prisión.

La Policía Federal y la Procuraduría General de la República afirman que el atentado fue parte de un intento de golpe de Estado articulado por el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados, quienes fueron acusados formalmente y denunciados ante la Justicia en febrero de este año.

El martes (25), el Supremo Tribunal Federal juzgará si Bolsonaro y parte de los denunciados se convertirán en reos en este caso.

Cuando la denuncia fue divulgada, el abogado defensor de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, emitió un comunicado en el que afirma que el expresidente “jamás apoyó ningún movimiento que tuviera como objetivo la destrucción del Estado Democrático de Derecho o de las instituciones que lo sustentan”.

Según el abogado, no se encontró ningún elemento que vincule mínimamente a Bolsonaro con la narrativa presentada en la denuncia. “No hay ningún mensaje del entonces presidente de la República que sustente la acusación”.