Gastos con seguridad pública en Brasil son insuficientes, según experta

Los gastos con seguridad pública en Brasil fueron de US$ 23,7 mil millones en 2015, lo que representa un incremento del 11,6% respecto al año anterior, de acuerdo con la 10.ª edición del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, producido por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Sin embargo, este valor no es suficiente, y el país carece de políticas para lograr resultados satisfactorios en la lucha contra la violencia, según la directora ejecutiva del foro, Samira Bueno.

“Por supuesto que lo que tenemos hoy de recursos no es suficiente para dar cuenta de todas las necesidades del sector. Tenemos un inmenso número de crímenes violentos y los salarios de la policía, en promedio, son aún muy bajos, especialmente de los que trabajan en la operación final, como soldados, escribanos e investigadores”, dijo en una entrevista con Agência Brasil.

“Pero tan solo aumentar esos ingresos no sería suficiente para resolver el problema de la violencia y del crimen en Brasil. Eso tendría que acompañarse de un programa de gobierno, un plan que focalizara también algunas metas pragmáticas y la articulación de esfuerzos entre la Unión, los estados y municipios”, añadió Samira.

Los datos del anuario muestran que el estado de São Paulo fue el que más gastó en seguridad pública en 2015: US$ 3,5 mil millones, un 8,4% más que en el año anterior. La cifra fue un 24,6% más alta que los gastos del gobierno federal con el sector (US$ 2,8 mil millones). En 2014, la Unión había gastado US$ 2,7 mil millones.

Actuación de los municipios

Los gastos totales de los municipios en seguridad pública alcanzaron US$ 1,3 mil millones. El anuario muestra también que ellos están asumiendo un papel importante en el sector. Entre 1998 y 2015, hubo un crecimiento del 394% en los gastos municipales, teniendo en cuenta las cifras ya corregidas. El crecimiento se produjo en ciudades de todos los tamaños, pero es más agudizado en las que tienen entre 100 mil y 500 mil habitantes.

Samira afirmó que no hay una estructura con funciones claras divididas entre Unión, estados y municipios respecto a los recursos de la seguridad pública. “Percibimos que es un sector totalmente descoordinado en Brasil”, dijo, citando las dificultades de estructuración de planes a nivel federal, entre otros obstáculos, y el papel asumido por los municipios en la asignación de recursos.

"En el gobierno federal, desde los años 90 hasta hoy, el programa fue completamente disfuncional, por lo que cada gestión invierte en algo distinto, que no necesariamente se traduce en resultados. No se evalúa cómo ese dinero federal está siendo aplicado. Hay una discontinuidad de políticas y también una reducción de fondos que deberían asignar recursos a los estados y municipios, como el Fondo Nacional de Seguridad Pública y el Fondo Penitenciario Nacional”, señala Samira.

Según la directora, “contrariando el escenario, los municipios ya no están necesariamente dependientes de fondos federales para los gastos con políticas de seguridad”. “Más que nunca, ellos se dan cuenta de que necesitan gastar e invertir en el sector porque el crimen es un fenómeno territorial y requiere acciones locales.”

El problema, según ella, es que estos gastos son completamente desarticulados. “Cuando no hay un mínimo de coordinación, cada municipio busca una estrategia distinta, según las prioridades políticas de determinados partidos que están en el gobierno o incluso de acuerdo con el perfil del alcalde.”

Actuación federal

El Ministerio de Justicia gastó US$ 3,5 mil millones en 2015, un 9,6% menos que en el año anterior. El anuario del Fondo subraya que, aunque la cifra es significativa, su mayor parte se relaciona con la burocracia. Los gastos con la Policía Federal fueron de US$ 1,7 mil millones en 2015, es decir, el 50% de todo el presupuesto del Ministerio. La Policía Federal de Carreteras gastó US$ 1 mil millones, un 31% del presupuesto, según datos del foro.

Por otra parte, los fondos que asignan recursos a la seguridad pública con capacidad de impulsar acciones operacionales finales estuvieron bastante bajos en comparación con el presupuesto total.

Samira recuerda que, a pesar del alto valor de recursos utilizados por estados como São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, la capacidad de inversión en políticas corresponde al gobierno federal, ya que los ingresos de los estados para seguridad pública se utilizan sobre todo para pagar la nómina.

De acuerdo con la directora, el escenario es preocupante debido a la reducción de recursos de esos fondos federales y a la perspectiva del límite de gastos propuesto por la Unión. “En un momento de contención de recursos, cuando ya hay dos sectores con presupuestos mínimos constitucionalmente definidos –educación y salud–, seguramente será necesario recortar de otros sectores y la seguridad pública es uno de ellos”, dijo.

Violación

Según el anuario, más de cinco personas son violadas por hora en Brasil. El país registró, en 2015, 45.460 casos de violación. El Fondo considera que, a pesar de que el número representa una disminución de 4.978 casos respecto al año anterior (- 9,9%), no es posible decir que de hecho hubo una reducción, ya que la notificación de ese tipo de delito es muy deficiente.

“El delito de violación es aquel que tiene la tasa de subregistro más alta del mundo, por lo que es difícil evaluar si existió, de hecho, una disminución en la incidencia en el país”, dijo Samira Bueno.

El Foro estima que haya ocurrido entre 129,9 mil y 454,6 mil violaciones en Brasil en 2015. El número mínimo se basa en estudios internacionales, como la encuesta estadounidense National Crime Victimization Survey, que señala que solo el 35% de las víctimas de violación suelen quejarse a la policía. El número máximo se basa en el estudio brasileño Violación en Brasil: una radiografía según datos de la Salud, del Instituto de Investigación Económica Aplicada, que señala que solo el 10% de los casos de violación en Brasil son informados a la policía.

Las encuestas de victimización producidas en Brasil y en el mundo indican que las principales razones dadas por las víctimas por no reportar el crimen a las instituciones policiales son el miedo a represalias y la creencia de que la policía no podría hacer nada o no se esforzaría para solucionar el caso”, dijo Samira.

Traducción: Leonardo Vieira