Familias de víctimas de la violencia policial piden justicia en Río
Madres y otros familiares de víctimas de la violencia policial en el estado de Río de Janeiro realizaron el jueves (17) una manifestación frente al Palacio de Guanabara, sede del gobierno local.
Portando carteles con fotos y nombres de las víctimas, cruces y ataúdes de cartón, pidieron justicia y el fin de las muertes en operaciones policiales en las favelas y periferias. El acto fue organizado por el movimiento de familiares de víctimas de la violencia policial, formado por más de 100 personas.
"Este acto representa la voz de las madres que han perdido a sus hijos, que piden justicia, que ya no pueden soportar un caso diferente cada día. Sólo queremos justicia, que los que dispararon a nuestros hijos paguen, que se los detenga y que esto también cambie. Sólo queremos justicia", dice Priscila Menezes, madre de Thiago Menezes Flausino, de 13 años, muerto a tiros en la madrugada del 7 de agosto en la carretera principal de acceso a Cidade de Deus, una comunidad de Río de Janeiro.
"Ni siquiera sé cómo explicarlo, no sé si lo he asimilado. Ahora sólo me quedan sus recuerdos. Buenos, porque era un buen chico, cariñoso, educado. Nunca imaginamos pasar por lo que estamos pasando. Vamos a seguir manifestándonos para llamar la atención de las autoridades, para que cambien su forma de actuar", subraya Menezes.
El caso de Thiago no es aislado. Según el Instituto Fogo Cruzado, que recoge datos sobre la violencia armada en Río y en otros lugares, en los últimos siete años, entre julio de 2016 y julio de 2023, las acciones y operaciones policiales fueron el principal motivo de victimización de niños y adolescentes. Durante este periodo, 112 murieron y otros 174 resultaron heridos. En 2022, 1.327 personas murieron en acciones de las fuerzas de seguridad del Estado de Río, lo que equivale al 29,7% de todas las muertes violentas registradas en el año, dicen los datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP).
De acuerdo con la concejala Monica Cunha, la manifestación es una forma de que los familiares se protejan y exijan justicia. "Totalmente diferente a la forma del gobernador, que entra en nuestras favelas, con funcionarios pagados por nuestros impuestos, empuñando fusiles y matando a los nuestros, siempre a nuestros negros y niños", afirma.
Cunha es madre de Rafael da Silva Cunha, asesinado el 5 de diciembre de 2006 a los 20 años. Fundó el Movimiento Moleque en 2003 para actuar contra las violaciones del sistema socioeducativo. "Lo que hay aquí es racismo contra los pobres y los negros [...] aquí hay un color, hay un código postal: negros, pobres, habitantes de favelas y jóvenes."
Márcia Jacinto, madre de Hanry Silva Gomes de Siqueira, de 16 años, que recibió un disparo en el pecho en 2002, también pide justicia. "Vivía mi vida, en casa, en la escuela, en la iglesia, conocía al hijo que tenía en casa. Cuando me fui a dormir y él no estaba en casa, mi corazón empezó a latir con fuerza. [...] Oí los disparos, pero no podía imaginarme que uno de esos disparos iba al corazón de mi hijo."
Jacinto estudió por su cuenta y se encargó ella misma de la investigación de la muerte de su hijo, por la que aún espera justicia. "Si las madres no hiciéramos lo que hacemos, nuestros hijos morirían como traficantes de droga, por balas perdidas, y estaríamos llorando, porque somos pobres, no tenemos dinero para pagar a un buen abogado."
Sônia Bonfim también espera justicia. Su hijo Samuel Vicente, de 17 años, y su marido William Vasconcelos da Silva fueron asesinados en 2021 en Anchieta, zona norte de Río de Janeiro, durante una acción de la Policía Militar, mientras llevaban a la novia de Samuel a una Unidad de Atención de Urgencias. Samuel era alumno de una escuela de la Policía Militar.
"El mes que viene cumplirá dos años desde que asesinaron a mi hijo y mi marido, y hasta ahora no ha habido respuesta, no han realizado ningún peritaje, aún no existe proceso, sigue siendo una investigación confidencial [...] La misma entidad que debía protegernos nos mata. Es muy difícil."
Agência Brasil se puso en contacto con el gobierno del estado, pero no recibió respuesta hasta la publicación de este artículo.
