Corte Suprema ha condenado a 371 personas por ataques del 8 de enero
En los últimos dos años, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ha condenado a 371 personas de las más de 2.000 investigadas por su participación en los atentados golpistas del 8 de enero de 2023. Según información divulgada por la oficina del magistrado Alexandre de Moraes, relator de los casos, 225 de los condenados enfrentan cargos clasificados como graves.
Las penas impuestas varían entre tres años y 17 años y seis meses de prisión. En los ataques, 2.172 personas fueron detenidas en flagrancia por acciones relacionadas con los hechos ocurridos en los edificios de la Plaza de los Tres Poderes.
Las condenas abarcan cinco tipos de delitos: atentado contra el Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados, asociación delictiva y daños al patrimonio público.
Para delitos considerados menos graves, como incitación y asociación delictiva, 146 personas fueron sentenciadas a medidas alternativas. Estas incluyen el uso de tobilleras electrónicas durante un año, el pago de multas, 225 horas de servicio comunitario y la participación en un curso presencial sobre democracia. Durante este periodo, los condenados tienen prohibido usar redes sociales y viajar dentro o fuera del país sin autorización judicial.
Prófugos
Al menos 122 personas han sido declaradas prófugas. De estas, 61 tienen órdenes de extradición solicitadas a otros países. Algunos individuos monitoreados por tobilleras electrónicas han dañado el dispositivo y salido de Brasil. Una vez extraditados, deberán cumplir sus penas en régimen cerrado.
Acuerdo
En total, 898 personas fueron consideradas responsables por los atentados golpistas del 8 de enero de 2023. De este grupo, 527 se sometieron a medidas leves mediante acuerdos con el Ministerio Público Federal (MPF), lo que incluyó el pago de multas por un total de R$ 1,7 millones.
Como parte de los acuerdos, estos individuos debieron cumplir 150 horas de servicio comunitario y asistir a un curso sobre el funcionamiento de la democracia organizado por el MPF. Además, se les prohibió mantener activos sus perfiles en redes sociales durante la vigencia de las medidas acordadas.
