Tortura en cárceles brasileñas es endémica

Resultados preliminares de una inspección hecha por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en las cárceles brasileñas, difundidos este viernes (14), revelan que la práctica de la tortura en los centros penitenciarios del país es un problema “endémico” que se produce principalmente en las primeras horas luego de las detenciones.

De acuerdo con el relator especial del consejo, Juan Méndez, pese a los esfuerzos del gobierno para combatir y condenar la tortura, el problema persiste en el sistema penitenciario agravada con la impunidad y el hacinamiento de las cárceles. Entre los días 3 y 14 de agosto, Méndez visitó instituciones penitenciarias ubicadas en los estados de São Paulo, Sergipe, Alagoas, Maranhão y el Distrito Federal, por invitación del gobierno brasileño. Méndez estima que la organización presentará el informe final de la visita dentro de tres meses.

“No estoy diciendo que todos los reclusos están sometidos [a tortura], pero el número de testimonios y la agudeza de los informes que hemos recibido me llevan a creer que no se trata de un fenómeno aislado. No creo que nadie en el gobierno defienda ese método, sin embargo, en términos estructurales, la tortura ocurre y los torturadores quedan impunes, dijo Méndez.

Según él, el uso de gas pimienta, gases lacrimógenos, bombas de estruendo, balas de goma, descargas eléctricas y asfixias también es frecuente en las cárceles. El experto de la ONU dijo que, durante sus visitas, pudo constatar el hacinamiento de las prisiones pese a la adopción de medidas tales como las audiencias de custodia para evitar el crecimiento de la población carcelaria.

Impunidad

De acuerdo con Méndez, aunque muchos presos reportan los maltratos sufridos a organizaciones de derechos humanos, pocos formalizan las acusaciones ante órganos públicos. Esto se debe, según él, al temor que tienen los presos a represalias y a que no creen que los torturadores serán castigados. "Las personas se muestran renuentes a hacer denuncias de tortura. Esta es una cultura arraigada, y si no la combatimos, tiende a hacerse aún peor”.

Según él, en las últimas dos décadas, la población carcelaria de Brasil creció muy rápidamente y hoy en día el país tiene el cuarto mayor número de presos en el mundo. Para Méndez, este crecimiento “abrupto” de la población tras las rejas también impactó en los servicios de salud ofrecidos a los presos.

Entre las principales causas identificadas por el experto para el rápido crecimiento de la población penitenciaria están la demora de hasta cinco meses para que un detenido preste su primera declaración ante la Justicia, y fallas en la política de combate a las drogas. Aproximadamente el 26% de todos los detenidos fueron arrestados por cargos de tráfico de drogas y muy pocos de los peces gordos del narcotráfico fueron arrestados.

Para Méndez, una posible reducción de la mayoría penal, que es objeto de debate en el Congreso, agravaría aún más los problemas del sistema penitenciario brasileño. “Procesar a delincuentes juveniles como adultos violaría las obligaciones de Brasil bajo la Convención sobre los Derechos del Niño”, dijo.

El relator de la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos destacó la transparencia de los gobiernos federal y departamental y la libertad que tuvo la delegación de la ONU para averiguar la situación de las cárceles en el país. Elogió las medidas ya adoptadas por Brasil, como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la instalación de la Comisión Nacional de la Verdad y de la Comisión Nacional de Prevención y de Combate a la Tortura.

Recomendaciones

Los datos preliminares del informe ya se han presentado por el experto a las autoridades brasileñas, que también recibieron recomendaciones. Entre ellos están la ampliación de las audiencias de custodia en todo el país, el estímulo a las víctimas para denunciar casos de tortura y la documentación efectiva de ese tipo de violación. Méndez aclaró que el propósito de la inspección no es imponer sanciones al país, sino identificar problemas y reclamar soluciones.

Según el Ministerio de Justicia, la Encuesta de Informaciones Penitenciarias (Infopen) de junio de 2014, el último disponible, muestra que la población carcelaria brasileña es superior a 607 000 personas y el déficit de plazas en las cárceles es de más de 231 000.

Traducción: Lucas Magdiel