Incendios: resistencia al restablecimiento de la política ambiental
Con 85 investigaciones abiertas respecto a un escenario sin precedentes de incendios forestales en Brasil, los datos apuntan a indicios de delitos ambientales. Según el comisario de la Policía Federal a cargo de los casos, Humberto Freire de Barros, existen diversas hipótesis que podrían explicar por qué personas en diferentes partes del país han iniciado los incendios que destruyen recursos, afectan la salud y comprometen la capacidad del ser humano de habitar su entorno.
La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, también percibe un escenario de resistencia al restablecimiento de las políticas públicas ambientales.
“Hemos logrado reanudar la creación de áreas de conservación, la demarcación de tierras indígenas, el combate a la minería ilegal, y hemos hecho un gran esfuerzo para reducir la deforestación en un 50% el año pasado, y en un 45% este año. Sin embargo, nos encontramos ante una situación en la que se combina un evento climático extremo, que afecta no solo a Brasil sino al mundo, con criminales que prenden fuego en el país.”
A menos de diez días para que termine septiembre, Brasil ya registra casi 200 mil focos de incendio desde principios del año. Más de la mitad de estos ocurrieron en la Amazonía.
Usurpación de tierras
Según el investigador Mauricio Torres, del Instituto Amazónico de Agricultura Familiar (Ineaf) de la Universidad Federal de Pará (UFPA), quien estudia los conflictos territoriales en la región amazónica, históricamente el fuego es una de las etapas de un proceso más amplio de apropiación de tierras públicas no destinadas. Aunque este recurso tiene otras funciones en el campo, como el control de plagas en áreas de pastoreo o la eliminación de residuos sólidos, también se utiliza para completar la tala.
“Una selva recién talada genera un gran volumen de ramas y troncos. Si no se prende fuego, no es posible hacer nada, ni siquiera ingresar al área. No se puede crear pastizales ni hacer cualquier actividad. Entonces, ¿qué hacen? Esperan a que todo se seque, prenden fuego y el suelo queda expuesto.”
Estas talas suelen tener como objetivo la usurpación de tierras públicas que aún no han sido destinadas para cumplir una función específica, como tierras indígenas o áreas de conservación, explica Torres. Según el investigador, la apropiación de tierras siempre se basa en la expectativa de las sucesivas amnistías otorgadas a los invasores, como las establecidas por las Leyes 11.962/2009 y 13.465/2017. La primera amnistió invasiones hasta 2004 y la segunda extendió el beneficio hasta 2008, además de establecer otros criterios como el límite de área y el tipo de ocupación.
En este proceso de usurpación, la deforestación juega un papel clave, según Torres. “De acuerdo con los actuales programas de 'regularización de tierras', uno de los mejores documentos para probar el tiempo de ocupación es una multa por deforestación. Este documento oficial demuestra que [el invasor] estaba allí en la fecha de la infracción. Si no tuvo la 'suerte' de ser multado, debe mostrar una imagen satelital que demuestre la deforestación antes de 2008”, explica.
En las imágenes satelitales, el investigador muestra que la deforestación se ha extendido, a lo largo de más de 20 años, principalmente en tierras públicas no destinadas. Por ello, es necesario pensar en medidas contra los incendios forestales que vayan más allá del control del fuego. “No basta con tener fiscalización ambiental, es necesario tomar medidas sobre la tierra. Hay que dejar de premiar la deforestación con la obtención de títulos de propiedad. Hay que combatir la usurpación de tierras”, afirma.
Delitos
Barros explica que la acción humana al usar el fuego en un momento en el que se ha prohibido su manejo ya sugiere la existencia de un delito, pero es necesario analizar cada caso.
Según el comisario de la Policía Federal, este delito puede ser culposo, cuando la persona no tenía la intención de provocar el incendio, o doloso, cuando la ignición es intencional.
En este último caso, la usurpación de tierras es solo uno de los delitos relacionados con los crímenes ambientales investigados, pero también hay otros como la formación de bandas criminales, el lavado de dinero y la corrupción. “Por eso nuestras investigaciones a menudo llevan más tiempo, ya que es necesario correlacionar estos otros delitos y brindar la respuesta que los criminales merecen por parte del poder público”, afirma.
Represalias
Barros menciona que la aparición simultánea de focos de incendio en cuestión de minutos es un indicio de acción coordinada, lo que abre otras hipótesis investigativas. “Recientemente, en el sur de Amazonas, realizamos una operación contra la minería ilegal en el río Madeira, destruyendo más de 420 dragas. Esto genera insatisfacción entre aquellos que cometían el delito, y trabajamos con la posibilidad de represalias por parte de estos criminales ambientales, como respuesta a esta nueva etapa de la agenda ambiental.”
Otras acciones de desalojo de invasores de tierras indígenas y de áreas de conservación también sustentan esta hipótesis. En julio, un periódico local del municipio de Novo Progresso, en el sureste de Pará, publicó declaraciones de ganaderos insatisfechos con la desocupación de la Floresta Nacional de Jamanxim, afirmando que estarían dispuestos a provocar incendios en la unidad de conservación si se les obligaba a retirar su ganado de las tierras públicas federales.
Unidades de conservación
En los últimos meses, los incendios en áreas de conservación se han extendido más allá de la Amazonía, afectando parques y reservas nacionales en otros biomas, como el Cerrado, el segundo más perjudicado por el fuego.
Según Vera Arruda, investigadora del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía y coordinadora del MapBiomas Fogo, las sabanas del Cerrado registraron un aumento del 221% en el área quemada en agosto de este año respecto al año anterior.
“Estos eventos resultan en la pérdida de biodiversidad, con daños a especies de plantas y animales, muchas de ellas endémicas. La destrucción de la vegetación nativa también impacta la capacidad del bioma para regular el ciclo hidrológico, ya que el Cerrado alberga nacientes de importantes cuencas hidrográficas. Además, los incendios pueden degradar el suelo, aumentar la emisión de gases de efecto invernadero y comprometer los servicios ecosistémicos”, explica.
Daños ecosistémicos
De acuerdo con Barros, las investigaciones policiales abiertas por estos incendios forestales también calcularán los costos de los servicios ecosistémicos para que los responsables de los delitos ambientales indemnicen por estas pérdidas. “Esos servicios ecosistémicos que las áreas afectadas dejan de prestar son cuantificables monetariamente, y desde julio del año pasado, cuando se actualizó la normativa, se incluyen en nuestros informes”, concluye.
